Han pasado 17 años de la represión de San Salvador Atenco, Estado de México, y la memoria, como la lucha, continúa fresca, latente, viva.
“Hemos exigido justicia y seguimos diciendo, ¡castigo a los culpables! por lo que ocurrió los días 3 y 4 de mayo en San Salvador Atenco. A Enrique Peña Nieto, a Vicente Fox Quezada, a Higinio Martínez, a Nazario Gutiérrez y a todos los que colaboraron para que esta represión se llevara a cabo y los pueblos vivieran este terrible episodio en aquel año de 2006”, dijo uno de los pobladores.
Los presuntos autores intelectuales, denunciaron, no han sido presentados ante la justicia, pese a las violaciones graves de derechos humanos, y a la excelsa violencia que ejercieron las autoridades y que incluyeron abuso sexual, tratos crueles, tortura psicológica y detenciones ilegales.
16 AÑOS DE LA REPRESIÓN EN ATENCO !!
— Javier Salinas C (@jscesareo) May 3, 2022
Al conmemorar 16 años d la represión policiaca en Atenco; campesinos d @AtencoFPDT exigieron castigo al expresidente Enrique Peña, por las agresiones sexuales contra las mujeres en mayo 2006 y los asesinatos d Alexis Benjumea y Javier Cortés pic.twitter.com/Ov9G4sNYLx
Este año, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDF) sembraron un ahuehuete (Taxodium mucronatum), en el lugar donde murió el estudiante Ollin Alexis Benhumea, debido al impacto de un proyectil de gas lacrimógeno de la policía mexiquense.
De la protesta a la pesadilla
Fue durante el 3 y 4 de mayo de 2006 cuando pobladores de San Salvador Atenco bloquearon la carretera Lechería-Texcoco en ambos sentidos, para protestar en contra de la construcción de un nuevo aeropuerto que había anunciado el expresidente Vicente Fox a inicios de su sexenio, en el año 2001.
Debido a que las obras atravesarían terrenos ubicados en Texcoco, ejidatarios de San Salvador Atenco, Tocuila, San Felipe y Nexquipayac se organizaron e integraron el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), para bloquear las vialidades de esos municipios y ponerse al proyecto federal.
Enrique Peña Nieto, quien era gobernador del Estado de México, autorizó un despliegue operativo en Texcoco y Atenco en el que participaron cerca de 700 elementos de la Policía Federal Preventiva, así como más de mil 800 agentes municipales y federales, para dispersar a los manifestantes.
El 3 de mayo, las autoridades mexiquenses detuvieron a 101 personas. En la madrugada del 4 de mayo otras 106 personas fueron aseguradas en el centro de San Salvador Atenco.
Entre esas personas se encontraban alrededor de 47 mujeres, quienes fueron víctimas de tortura física, psicológica y sexual por parte de las autoridades. Los abusos ocurrieron en los autobuses cuando eran trasladadas a centros de reclusión; 26 de ellas, al ingresar al Cereso de “Santiaguito”, en Almoloya de Juárez no recibieron atención médica.
En esos eventos se registraron dos asesinatos: Ollin Alexis Benhumea, estudiante universitario de 20 años (falleció por el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno) y Francisco Javier Cortés Santiago, de 14 años (murió a causa del impacto de una bala calibre .38 mm).
El caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin embargo, fue hasta 2016 que el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
En 2018, la Corte IDH emitió una sentencia en la que se responsabilizó al Estado mexicano por violaciones graves a los derechos humanos.