El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una iniciativa de reforma en materia de campo que busca establecer como derecho constitucional el apoyo a los productores del campo. Esta iniciativa busca garantizar un jornal seguro, justo y permanente para que los agricultores cultiven árboles frutales y maderables en sus tierras.
Actualmente, la Secretaría del Bienestar otorga apoyos a 441 mil campesinas y campesinos, con un monto de seis mil 250 pesos mensuales, como parte del programa Sembrando Vida, de ser aprobada la iniciativa el monto irá incrementando año con año.
La propuesta Reforma del Campo, ya en manos del Congreso de la Unión, se inspira en los programas Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, Fertilizantes para el Bienestar, Bienpesca y Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos.
La meta de los programas de López Obrador es devolver el campo a quien trabaja la tierra, una lucha que ya va avanzada.
La propuesta responde a que las políticas neoliberales olvidaron a las manos mexicanas que trabajan la tierra. Ellas y ellos han sufrido el estrago de administraciones que, lejos de respaldar a este sector económico, realizaron planes sin justicia social.
Otro factor fue el Tratado de Libre Comercio (TLCAN), aprobado durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari en 1994. Éste no hizo más que generar condiciones de competencia desiguales.
Con el TLACN se abrió el mercado y se puso a competir a productores nacionales con el extranjero en condiciones de desigualdad. Mientras en México se cancelaban todos los apoyos al campo, en Estados Unidos se mantenían a los productores.
Efectos TLCAN
De acuerdo con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) publicados en 2021, las políticas implementadas con el Tratado de Libre Comercio ocasionaron una reducción en la superficie sembrada de maíz, aproximada de dos millones de hectáreas, al pasar de más de 9 millones en 1994 a poco más de 7 millones en 2019, una reducción de 22%.
Este hecho provocó que nuestro país se convirtiera en importador de maíz. A esto se suma la reducción de más de un millón de personas dedicadas a labores agrícolas, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 1995 existían cerca de 7 millones 800 mil personas dedicadas al campo, pero en 2020 se reportó una cifra superior a los 6 millones 500 mil.
El grueso de las políticas neoliberales favoreció a la implantación de las agroindustrias y los megaproyectos, condenando al abandono a comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios.
Organizaciones campesinas acapararon los recursos
El sexenio del presidente priista, Enrique Peña Nieto, no se quedó atrás. También fue punta de lanza de intereses de organizaciones campesinas.
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el campo fue considerado un sector estratégico a causa de su potencial para reducir la pobreza e incidir sobre el desarrollo regional.
Sin embargo, los programas de apoyo al campo fueron numerosos, pero no se entregaron de forma directa, por lo que organizaciones campesinas acapararon los recursos.
Tan solo el presupuesto que destinó Peña Nieto para el campo, en su último año de Gobierno (2018), fue de 72 mil millones de pesos.
En 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación por un posible fraude superior a los 500 millones de pesos por malos manejos y desvíos en proyectos agrícolas.
¿En manos de quién estará el campo?
Este 2024, en el ramo de agricultura y desarrollo rural se destinará 74 mil 109 millones de pesos.
La Secretaría del Bienestar tiene una inversión social de 38 mil 928 millones de pesos para el programa Sembrando Vida. Con la reforma al Artículo 27 se incrementará el presupuesto federal, así como la distribución a cada campesino.
Además, busca garantizar recursos anuales directos y fertilizantes gratuitos a productores de pequeña escala; un apoyo anual a pescadores de pequeña escala y mantener precios de garantía para la compra-venta de maíz, frijol, arroz, leche y trigo harinero y panificado.