La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla solicitó orden de aprehensión contra el edil de Zapotitlán de Méndez, Emiliano Vázquez Bonilla, su hermano Higinio y Francisco “N”, director de Seguridad Pública municipal, por el asesinato de Ramón Malagón, chofer del alcalde electo de dicho municipio, Salvador Tino.
La dependencia estatal confirmó, en conferencia de prensa, que el alcalde en funciones estaría involucrado en este homicidio ocurrido el 1 de junio, horas antes de las elecciones en la entidad.
Incluso, en redes sociales han circulado videos e imágenes en las que se ve al edil participando en el homicidio de Malagón.
Odette Alejandra Flores Ventura, titular de la Coordinación General en Investigación de Homicidios Dolosos, explicó que, derivado de las investigaciones, se determinó que el día de los hechos, un grupo de personas interceptó la camioneta en que viajaba la víctima, que circulaba por la carretera Interserrana a Ixtepec; tras impedirles el paso, los agredieron.
Al lugar llegaron el presidente municipal, su hermano, el director de Seguridad Pública y elementos de la policía municipal, quienes continuaron con las agresiones.
Flores Ventura indicó que, aunque Ramón Malagón trató de escapar, fue perseguido por los agresores, quienes lo golpearon y le dispararon, para después llevarlo, ya sin vida, a un hospital, sin dar mayores explicaciones.
“La causa de muerte del occiso fue derivada de una lesión producida por proyectil de arma de fuego”, indicó la funcionaria.
Ante estos hechos, la FGE solicitó más de 30 órdenes de aprehensión contra personas presuntas responsables de los delitos de homicidio calificado, lesiones calificadas, falsedad en informes, robo agravado, encubrimiento y abuso de autoridad, entre ellas, la del edil Emiliano Vázquez.
El fiscal Gilberto Higuera resaltó que ya se cuenta con una amplia investigación sobre este caso y que se hará justicia.
“Es muy lamentable, porque según muestra la investigación, se usaron armas oficiales. Pero ya hay una acción legal, una investigación amplia. Se trata de una acción jurídico penal contra 30 personas, al menos. No vamos a excluir a nadie, trátese de quien se trate”, apuntó.