Tatuajes y rasgos físicos han permitido a las y los venezolanos reconocer a sus familiares trasladados por Estados Unidos, a la cárcel de máxima seguridad de El Salvador.
Con esas características pudieron identificar a sus seres queridos en los videos publicados en redes sociales por los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y el salvadoreño, Nayib Bukele.
Familiares y amigos de algunos migrantes venezolanos denunciaron en redes sociales que las detenciones y traslados son ilegales.
Today, the first 238 members of the Venezuelan criminal organization, Tren de Aragua, arrived in our country. They were immediately transferred to CECOT, the Terrorism Confinement Center, for a period of one year (renewable).
— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 16, 2025
The United States will pay a very low fee for them,… pic.twitter.com/tfsi8cgpD6
Caso Arturo Suárez
Uno de los casos más difundidos es el de Arturo Suárez, conocido como “Suárez Vzla”, quien ingresó por California a territorio estadounidense gracias a la aplicación “CPB One” el 3 de septiembre de 2024, buscando difundir entre el público norteamericano la música que produce desde hace varios años.
El 8 de febrero fue detenido en una redada del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, el FBI y la CIA, mientras grababa un videoclip.
Arturo tenía una audiencia programada para el 2 de abril, en la que intentaría defenderse y demostrar que no ha cometido ningún delito y que busca asilo en ese país.
Pero llegó antes la decisión ejecutiva de su traslado, y el de otras 260 personas acusadas de ser delincuentes. Todos fueron llevadas al centro de confinamiento, en El Salvador.
“No sabemos en qué condiciones está mi hermano; en cualquier parte del mundo cuando una persona es detenida lo llevan ante un fiscal. Han pasado 48 horas, ni yo, ni los familiares de aquellas personas que son inocentes y están detenidas, hemos tenido respuesta, no sabemos nada de ellos”, dijo Nelson Suárez Trejo, hermano de Arturo.
No se ha aclarado cuál es la situación jurídica de Arturo, ni de las personas privadas de su libertad en El Salvador.
A pesar de las preguntas de reporteros, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, no dio detalles del operativo, argumentando razones de seguridad nacional.
El gobierno venezolano denunció que esas deportaciones son un crimen de lesa humanidad.