La corrupción, en cualquiera de sus formas, no sólo atenta contra la adecuada gestión gubernamental y la efectividad de las políticas públicas, también representa un “gran obstáculo” para el desarrollo económico y sostenible, lo cual afecta, de manera desproporcionada, a los sectores más vulnerables, afirmó Adrián Alcalá Méndez, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
“La coyuntura provocada por la emergencia sanitaria ha propiciado que gobiernos a nivel internacional implementen acciones de urgencia para mitigar los impactos negativos de esta crisis sanitaria y ha favorecido también el surgimiento de nuevos espacios de acción para que la corrupción se esconda y se reproduzca ante el relajamiento de los mecanismos de control, supervisión y rendición de cuentas”, subrayó.
Junto a representantes de Perú, Argentina y Colombia, Alcalá Méndez participó en la Semana Conmemorativa del Día Internacional Contra la Corrupción 2021.
Consideró necesario fomentar e impulsar el diseño de políticas públicas centradas en el desarrollo y consolidación de una cultura de integridad y de apertura en el sector público, tomado como base la publicación de información relacionada con la operación de las instituciones gubernamentales, pues si su actividad queda fuera del escrutinio de la ciudadanía, se ensancharán los márgenes de discrecionalidad y las oportunidades para la impunidad de los actos corrupción.
Durante la mesa “Avances en las metas de buena gobernanza del ODS 16 durante y después de la pandemia: acceso a la Información y esfuerzos contra la corrupción”, enfatizó que los Órganos Internos de Control deben tener un rol más activo en el seguimiento de casos de corrupción detectados, vía transparencia o solicitudes de acceso a la información.
“La pandemia ya no puede ser pretexto para que no atiendan su principal función que, desde mi punto de vista, es prevenir, identificar y sancionar casos de posible corrupción”, puntualizó el comisionado del INAI, al señalar como retos de los Órganos Internos de Control la implementación de mecanismos de participación ciudadana y la publicación de obligaciones de transparencia, privilegiando el lenguaje sencillo, claro y amigable.