Tribunal ordena comparecencia de excolaborador de Rosario “R”
El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal, revocó la resolución judicial que frenaba la comparecencia de Enrique “G”, excolaborador de Rosario “R” y exsubsecretario de Sedatu, por falsedad de declaraciones sobre un presunto desvío de 185 millones de pesos, en el caso de la llamada “estafa maestra”.
De esta forma, el exfuncionario federal, investigado por la Fiscalía General de la República, deberá comparecer en audiencia de vinculación ante el juez de la causa con sede en el Reclusorio Sur.
Al resolver la impugnación interpuesta por Enrique “G”, el tribunal revocó la suspensión definitiva concedida por la juez Sandra Leticia Robledo, titular del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, al acusado, y que frenó la audiencia inicial que había sido programada para el 18 de noviembre del año pasado.
Ahí, la FGR daría a conocer al excolaborador de la extitular de Sedatu los delitos que se le imputan.
Los magistrados argumentaron que la audiencia impugnada -y en la que habrán de formularse las acusaciones en contra de Enrique “G” por sí sola- no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez a petición del Ministerio Público.
La resolución del tribunal señala que resulta improcedente otorgar la suspensión, ya que los actos de autoridad son de interés público, como parte de la función indagatoria y dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse susceptibles de suspensión.
Ello, debido a que no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico estado democrático de derecho.
Asimismo, se resolvió que la juez Robledo Magaña actuó en forma incorrecta, al conceder la medida cautelar, ya que el Ministerio Público al integrar una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, lo cual no causa un daño o perjuicio al acusado.
Cabe recordar que el caso de Enrique “G”, es sobre con un convenio irregular con la Universidad Francisco I. Madero del estado de Hidalgo, en el cual se le atribuyó haber contratado uno servicios estadísticos que nunca fueron cumplidos, en perjuicio de la Sedatu por 185 millones 839 mil 480 pesos.