Centros educativos, constructoras y captadoras de inversiones, son las ‘empresas fantasmas’ que constituían la red de lavado de dinero que utilizó el “Cártel Inmobiliario”. Todo esto para que funcionarios panistas y sus familiares cobraran los sobornos que pagaron empresarios inmobiliarios, a cambio de que se les otorgaran permisos irregulares de construcción en la alcaldía Benito Juárez de CDMX.
En un mensaje a medios, el vocero de la Fiscalía de Ciudad de México, Ulises Lara López, informó que está red era liderada por Sofía Soraya “N’’, hermana del exdelegado de Benito Juárez, Christian “N’’, el exdirector de Obras, Nicias “N’’, y cinco personas más.
“Estas siete personas, Sofía Soraya “N”, Nicias René “N”, y las otras probablemente relacionadas en esta red de lavado de dinero, habrían operado a través de tres empresas de distintos giros, como una constructora, otra que aglutina centros educativos privados y otra más dedicada a inversiones’’, afirmó el vocero de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJCDMX).
A lo largo de las investigaciones, la Fiscalía capitalina ha detectado que la red de lavado de dinero era operada por al menos 13 personas, entre exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez y familiares.
“Además de estas siete personas -y la referida en el pasado mensaje, a quién se les descubrió un incremento en su patrimonio hasta por 300 mdp-, se tienen identificadas a otras cinco más, que están en la base de la pirámide; testaferros, cuya conducta podría estar identificada con la adquisición, enajenación o administración de bienes inmuebles. La gran mayoría de quienes podrían integrar esta red de operaciones con recursos de procedencia ilícita son exservidores públicos y familiares de dichos funcionarios’’, concluyó Ulises Lara López.