El Presidente López Obrador develó este día la trama de lo que bien puede considerarse como una obra maestra de la corrupción.
Como si fueran poco los desfalcos a Pemex con las plantas de fertilizantes Agronitrogenados y Fertinal, compradas a un sobreprecio de 410 millones de dólares, en conjunto, hoy, el presidente destapó una nueva y colosal corruptela que inició en el sexenio de Felipe Calderón y continuó en el de Enrique Peña Nieto.
Se trata de los negocios hechos en torno a las plantas de hidrógeno de Tula y Madero.
Un negocio verdaderamente increíble pues primero el gobierno vendió esas plantas a particulares. Y una vez privatizadas comenzó a rentarlas al darse cuenta que su producción siempre sí era necesaria para el estado.
La primera, ubicada en la refinería de Tula, Hidalgo, fue vendida en agosto del 2017 a la empresa multinacional francesa “Air Liquide”, por 52.7 millones de dólares.
Por el contrato que Pemex tiene con esa compañía, ya se han pagado 49.3 millones de dólares en tres años y medio, esto es el 94% de lo que costó. Y en los 16 y medio años que restan, se pagarían 261 millones de dólares más.
La segunda, fue la planta de hidrógeno en la refinería de Madero, Tamaulipas.
Ésta fue vendida, en abril del 2018, por 32.5 millones de dólares a la empresa alemana “The linde Group”. A tres años de contrato, Pemex ha pagado 27.5 millones de dólares, que representan el 85% de lo que obtuvo por ella. Pero restan 146 millones de pesos a pagar. Por rentarla.
En total, por estos contratos, pactados a 20 años, a Pemex le resta cubrir 407 millones de dólares. Por si fuera poco, al paso de las dos décadas la plantas seguirían siendo de los inversionistas privados y el gobierno tendría que recontratarlas o construir nuevas.
Para reparar el daño hecho a la nación y evitar los pagos millonarios por los siguientes 17 años que restan, ahora el gobierno busca recomprarlas. Y que vuelvan a ser de la nación.
¿Qué nos instruyó el presidente de la República? Renegociar para la recompra de las plantas, estamos en eso y esperamos en algún tiempo informarle, presidente, acerca de esta solución que creemos que es la adecuada, recomprar esas plantas y evitar este despilfarro a la hacienda pública”, dijo Octavio Romero Oropeza, director general de PEMEX.
Este modelo de hacer negocios, “para terminar de exprimir a Pemex”, se trata de una tragedia enorme, un saqueo nunca visto durante 36 años de neoliberalismo, definió López Obrador. Un robo de tal magnitud, dijo, que supera incluso el saqueo vivido en 300 años de dominación española.
No quedó nada, prácticamente nada. Todo se convirtió en chatarra. Ese es el saldo negativo entonces ¿qué estamos haciendo?. Estamos levantando, rescatando a la industria petrolera”, dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
El gobierno anunció también que se avanza en la solución de 6 conflictos mineros en los estados de Sinaloa, Baja California, Guerrero, Zacatecas y Querétaro.
Minas que también fueron entregadas a particulares mediante concesiones.
En el caso de la mina de Taxco, Guerrero, propiedad de Grupo México. Después de 14 años de estallada la huelga, la próxima semana serán pagados los repartos de utilidades a 26 trabajadores, informó la Secretaría del Trabajo. y en próximos días, se vislumbra la liquidación de los 136 trabajadores restantes que reclamaban sus derechos laborales.
Está también el caso de la mina de Cananea. Conflicto estallado en 1990, a raíz de su privatización cuando pasó también a manos de Grupo México.
Después de varios laudos, en abril de este año se resolvió que 708 trabajadores serán resarcidos con los pagos prometidos.
Está también la mina San Rafael, en Cosalá Sinaloa, concesionada a la empresa canadiense “America’s Gold and Silver”. En 2020 fue clausurada por un grupo armado, tras la disputa del contrato colectivo de trabajo.
La SEGOB dijo que se logró que la Junta de Conciliación y Arbitraje reconociera al Sindicato Nacional de Mineros como titular del contrato. Aunque hay dos juicios de amparo aún por resolver.
Hacer un llamado muy respetuoso a los tribunales que tienen estos dos jucios de amparo para que pudieran resolver a la brevedad posible”, señaló Olga Sánchez Cordero Dávila, secretaria de Gobernación.