En Qatar, al menos 234 de un total de 3 mil 200 personas migrantes de India, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka y Nepal que remodelan el Estadio Internacional Jalifa y construyen un hotel, un parque, un centro comercial y un museo aledaños, padecen explotación laboral y trabajo forzado.
Las personas migrantes sobreviven en condiciones insalubres, hacinados en cuartos en el desierto, padecen jornadas laborales extenuantes, documentó Amnistía Internacional.
Si se quejan, las personas son amenazadas con retirarles la visa de trabajo y deportarles. Su salario no rebasa los 220 dólares mensuales pero el pago no llega a tiempo.
“Hubo desconfianza en nuestra familia: sospecharon por qué no nos pagaban en cuatro, cinco meses”, mencionó una persona migrante de Nepal.
Seis mil quinientas personas han fallecido en la construcción de los estadios, publicó el diario británico The Guardian, al citar cifras de los Gobiernos de India, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka y Nepal.
Mediante intermediarios, fueron engañados con la falsa promesa de mejores condiciones laborales. Les vendieron un visado de trabajo a un costo de entre 500 y 4 mil 300 dólares.
La Federación Internacional de Futbol, Asociación FIFA, sus patrocinadores y las empresas constructoras, todas se benefician.
La empresa “Sixconstruct” obtuvo un contrato del Gobierno qatarí por 90 millones de dólares para remodelar el Estadio Jalifa, y la compañía “Eversendai”, otro por 35 millones.
Un 73 de 17 mil encuestados en 15 países por “You Gov” y Amnistía Internacional apoyan que la FIFA compense a estas personas migrantes que han sufrido en carne propia los preparativos para el Mundial de fútbol, que se jugará en Qatar del 20 de noviembre al 20 de diciembre.
La organización británica Equidem, especializada en la defensa de los derechos humanos y laborales, publicó un informe basado en entrevistas a 80 trabajadores de establecimientos en la región del golfo Pérsico, la mayoría de 13 de los 17 grupos hoteleros que tienen convenios de asociación con la organización del evento.
Entre los abusos que estos empleados denuncian, figuran la discriminación salarial con base en la nacionalidad, la falta de pago y el recorte unilateral de salarios, la sobrecarga de trabajo, el acoso sexual a las mujeres por parte de sus compañeros y la terminación del contrato sin aviso previo o la falta de medidas sanitarias adecuadas.
Equidem atribuye estas situaciones al “contexto legal y gubernamental”, ya que se les niega a los trabajadores el derecho fundamental a asociarse y son sometidos a una vigilancia y control intensivos por parte de los empleadores, así como al temor de represalias -incluida la deportación a instancias del empleador- por defender sus derechos.
La ONG recuerda que, como en el resto de países del golfo Pérsico, la mayoría de los trabajadores inmigrantes en Qatar, que como sus vecinos depende en gran medida de la mano de obra extranjera, proviene de países de africanos (como Kenia, Ghana, Uganda o Marruecos) o del sur de Asica (India, Bangladesh, Indonesia o Filipinas).
El informe reconoce que Qatar ha hecho progresos en su legislación laboral desde que fue elegido en 2010 como sede de la Copa del Mundo de este año, pero le insta a seguir avanzando en ese proceso hacia estándares “mínimos internacionales” para sus dos millones de trabajadores en situación de tránsito en los años siguientes al Mundial.