La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Grupo Naturgy llegaron a un convenio judicial para poner fin a una demanda de acción colectiva que beneficiará a usuarios por presuntas irregularidades.
La demanda fue interpuesta a nombre de 323 usuarios por cobros aplicados bajo el esquema de estimaciones del consumo de gas natural, y de servicios adicionales no contratados, ocurridos en el periodo del 1 de enero de 2017 al 24 de julio de 2022.
La Profeco informó que a esta colectividad, se le aplicará el descuento en las subsecuentes facturas sobre consumo facturado hasta por 3 mil 400 pesos, pudiendo ser en uno o más recibos, que se identificarán con la leyenda: “La compensación y bonificación económica respectiva que se refleja en su factura, es gracias al convenio alcanzado entre Profeco y Naturgy”.
En colaboración con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Profeco y Grupo Naturgy, se modificaron los términos y condiciones para el suministro de gas natural, para los 1.6 millones de usuarios de Naturgy a nivel nacional.
Dijeron que este beneficio quedó registrado ante la Profeco en el nuevo contrato de adhesión, que contiene el mecanismo autorizado para los casos en que aplique el cobro del suministro de gas por estimaciones.
Explicaron que para adherirse al beneficio de la acción colectiva, las personas que exhiban documentos que acrediten la afectación dentro del periodo de cobertura del 1 de enero de 2017 al 24 de julio de 2022, pueden ingresar a la dirección electrónica, y enviar desde esa página al buzón de atención el formulario contestado que ahí se incluye. Tienen plazo del 16 de junio de 2023 al 15 de diciembre de 2024 para incorporarse.
Grupo Naturgy difundirá en sus redes sociales y su sitio de internet los aspectos de los nuevos términos y condiciones que regulan el suministro de gas natural, así como los tiempos en los que dará respuesta en sus centros de atención a clientes.
Añadieron que esta acción colectiva es un precedente en la defensa del suministro de gas natural, que tiene como efecto erradicar imprecisiones que pudieran afectar la economía de la población consumidora y que el cobro mediante estimaciones se realice con reglas claras, precisas y mecanismos comprobables.