Internacional

97% de latinoamericanas en edad fértil viven en países que prohíben el aborto

La legalización del aborto es una demanda y deuda que continúa pendiente para las mujeres que habitan en América Latina.

Hasta la actualidad sólo cinco países lo permiten sin penas privativas contra la libertad, bajo algunas normas restrictivas.

No así para el resto de los países de la región, tal es el caso de algunos países de América Central, como Honduras y El Salvador, que continúa fuertemente penalizado. En México el aborto es legal sólo en algunas entidades.

El Centro de Derechos Reproductivos detectó que 90 millones (5%) de mujeres en edad reproductiva viven en países que prohíben por completo el aborto.

En América Latina son siete países los que lo prohíben rotundamente, incluso cuando la vida de las mujeres está en riego: Jamaica, Haití, Surinam, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y El Salvador. Se estima que 97% de las mujeres latinoamericanas en edad fértil viven en estos países, según datos del Centro.

Mientras tanto, en 14 países de la región está permitido bajo algunas causales sujetas a legislaciones federales o estatales. Las principales causales son: cuando la vida de la mujer corre peligro, cuando la salud de las mujeres está en riesgo, por motivos socioeconómicos, en casos de violación, en casos de incesto o cuando el producto presenta malformaciones o inviabilidad.

De estos países destaca: Costa Rica, Colombia, Venezuela, Belice, Guatemala, Paraguay, Brasil, Ecuador, Bolivia, Perú, Trinidad y Tobago, Chile, Paraguay y Panamá.

El caso de México es importante porque está permitido en algunas entidades, no así de manera federal.

En diciembre con la legalización de la interrupción del embarazo en Argentina se encendió nuevamente el debate en la región, ya que algunos países, ante la expansión del movimiento a favor de las mujeres, se pronunciaron en contra, tal fue el caso de Honduras que en enero de este año, el Congreso Nacional de Honduras aprobó una reforma para ‘proteger’ la prohibición absoluta del aborto.

Por su parte, Brasil tiene tres causales en los que se permite el aborto: cuando la vida de la mujer corre peligro, en casos de violación y en casos de malformaciones, sin embargo, el actual presidente Jair Bolsonaro se ha pronunciado reiteradamente en contra de la legalización del aborto en el país.

Mapa interactivo: https://maps.reproductiverights.org/worldabortionlaws

Los países que tienen legalizado el aborto son: Cuba (1968), Puerto Rico (1976), Uruguay (2012), Argentina (2020), Guyana (1995), Guyana francesa (1975-2003), y también en las islas francesas de Martinica, Guadalupe, islas vírgenes estadounidenses y Barbados (1983), El límite gestacional más común en la región es de 12 semanas.

Los países que consideran dicho límite son: México Panamá, Colombia, Ecuador, Brasil y Chile. Colombia y Bolivia consideran las causales para permitirlo en casos de incesto o para preservar explícitamente la salud mental.

Por alteración fetal o malformaciones: Belice, México, Panamá, Colombia y Chile.

Por violación: Brasil, Chile, Panamá, México, Colombia, Ecuador y Bolivia.

Autorización de los padres: Uruguay, Cuba y Panamá.

En Paraguay, Trinidad y Tobago, Venezuela, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Costa Rica el aborto sólo está permitido cuando existe riesgo de vida o de salud para la persona gestante.

El caso de Ecuador, en 2019, colectivas y organizaciones feministas demandaron que el aborto sea extensivo para todas las gestantes y que se declare inconstitucional la causal que afirma que es no punible sólo a los casos de las gestantes con discapacidad mental víctimas de violación.

En Chile, el pasado lunes la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, de la Cámara de Diputados de Chile, rechazó el proyecto de ley para despenalizar el aborto sin restricciones hasta la semana 14 de gestación.

Hasta 2017, en Chile, el aborto estaba penalizado por completo. Después de 7 meses de discusión, llegó con recomendación negativa al pleno. Será en las próximas semanas que se conozca la resolución definitiva.

En México son cuatro entidades que permiten interrumpir el embarazo hasta las 12 semanas de gestación: Ciudad de México (2007), Oaxaca (2019), Hidalgo (2021) y Veracruz (2021). Estos últimos se sumaron en junio y julio pasado, respectivamente.

Desde 2019, se han presentado iniciativas para legalizarlo en todo el país, sin embargo, no se han registrado avances a nivel federal. Las causales continúan arraigadas a los marcos jurídicos estatales.

Algunos datos en pandemia

A finales del año pasado la CEPAL informó que la pandemia por COVID-19 ha afectado el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres: ha dificultado el acceso a servicios de salud públicos y se han detectado dificultades para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo.

El informe detectó, además, que en la región persisten los embarazos de niñas menores de 15 años, la mayoría productos de abusos y violencia sexual. Por ejemplo, de 2015 a 2020, la tasa de fecundidad adolescente fue de 60.7 nacimientos por cada mil adolescentes en la región y aunque se ha registrado una disminución con el contexto sanitario, “podría representar un retroceso de cinco años en la reducción de la tasa específica de fecundidad adolescente de América Latina y el Caribe, que pasaría de 61 a 65 nacidos vivos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años”, tal como aseguró el Fondo de Población de las Naciones Unidas, en 2020.

Además, el informe de CEPAL señala que las mujeres indígenas y afrodescendientes presentan altos índices de mortalidad materna, por ejemplo, la mortalidad materna en Colombia, en 2018, registró a nivel nacional que por cada 100 mil nacidos vivos la razón de mortalidad fue de 45.3%, sin embargo, en las mujeres indígenas la cifra aumentó a 188.7% y a 65.5% en mujeres afrodescendientes, respectivamente.

En países como Honduras, México, Guatemala, Panamá y Perú, se constata la mayor mortalidad materna en mujeres indígenas, además, en Brasil, se suma las mujeres afrodescendientes, según el estudio de la CEPAL.

En México, la tasa de mortalidad materna ha disminuido, aunque aún se registran muertes por aborto: hasta 2019, era la cuarta causa de muerte en el país y el grupo más afectado eran mujeres en situación de vulnerabilidad. Ante dicha situación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación ante la regresión en materia de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en la región, principalmente por los países “que restringen la interrupción del embarazo de manera absoluta, así como limitaciones a la educación sexual integral o de género de las mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestación”.

En su comunicado saludó las iniciativas de Argentina y México, aunque destacó la urgencia de adoptar políticas públicas y medidas legislativas que garanticen “sin discriminación alguna, la disponibilidad, accesibilidad, pertinencia y calidad de los establecimientos, bienes y servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo el acceso a la información y educación sexual integral, bajo un enfoque interseccional y de género”.

Reconoció que la pandemia ha tenido fuertes impactos, entre ellos, destacó la reducción de servicios y falta de acceso a la salud reproductiva, y a la educación sexual integral. Manifestó su preocupación por el incrementó de embarazos no deseados, principalmente en niñas y adolescentes, así como el incremento de la violencia sexual en el actual contexto.

Derivado de ello recuerda la responsabilidad que tienen los Estados para:

eliminar todos los obstáculos legales y de hecho que impiden el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva requerida en función del sexo/género y capacidad reproductiva, tomando en consideración la situación de especial riesgo, desprotección y situación de vulnerabilidad de niñas y adolescentes, así como de mujeres en particular situación de exclusión”.

Además, reafirmó que la criminalización absoluta de la interrupción del embarazo, impone una carga desproporcionada en el ejercicio de los derechos, especialmente, los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, y crea un contexto facilitador de abortos inseguros y de altas tasas de mortalidad.

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