Albania y Macedonia del Norte arrancaron este martes las negociaciones de adhesión con la Unión Europea (UE), después del compromiso que alcanzaron Skopje y Bulgaria durante el fin de semana para resolver la disputa identitaria que ha impedido el inicio de las conversaciones.
17 años después de que Macedonia del Norte adquiriese el estatus de país candidato y seis desde que lo obtuviese Albania, este martes se dio el inicio de salida a las negociaciones de adhesión, en las que Bruselas vigilará que cumplen con los valores y con las reglas comunitarias, antes de entrar en la UE.
Macedonia cambió en 2019 su nombre para resolver el conflicto histórico con Grecia que, con una región limítrofe en el norte que también se llama Macedonia, vetó su ingreso en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y en la UE hasta que no se modificase la nomenclatura.
El Parlamento de Skopje aprobó la propuesta de compromiso que ha negociado en Bruselas para levantar el veto de Bulgaria, con la que Macedonia del Norte acepta que su lengua tiene raíces búlgaras y ambos pueblos un pasado común.
“Hoy es el día en que empezamos a escribir un nuevo capítulo en la historia de Macedonia del Norte, un capítulo de prosperidad y progreso”, aseguró Kovacevski ante la prensa, al término de la primera Conferencia Intergubernamental.
Las negociaciones formales con Macedonia del Norte no empezarán; sin embargo, hasta que el país apruebe la enmienda constitucional que incluya a los búlgaros residentes en el país (unas 3 mil 500 personas) como un pueblo constitutivo del Estado.
Por su parte, Albania recibió en 2020 el visto bueno definitivo de la Comisión Europea para iniciar las negociaciones, pero los países de la UE han querido unir el destino de ambos países como una forma de presionar a Sofía para que levantase su veto a Skopje.
Las negociaciones de adhesión cuentan con 35 capítulos que los países candidatos tienen que cumplir para respetar los valores y los principios de la UE en cuestiones clave como el Estado de Derecho o la lucha contra la corrupción.
Un proceso largo que sigue ritmos distintos para cada país y que Francia logró endurecer hace dos años, de tal manera que cualquiera de estos capítulos se pueda reabrir si no hay avances en los demás.