Los fiscales de Alemania presentaron cargos de alta traición contra cinco personas que supuestamente planearon secuestrar al ministro de Salud, Karl Lauterbach, y que estaban dispuestas a matar para derrocar al Gobierno alemán.
“El grupo, formado a mediados de enero de 2022, se había fijado el objetivo de desencadenar condiciones de guerra civil en Alemania por medio de la violencia con la esperanza de derrocar al gobierno y la democracia parlamentaria”, informó la Fiscalía General de Alemania en un comunicado.
Asimismo, expuso que el grupo había aceptado que esto podría implicar la pérdida de vidas.
Los cinco han estado bajo custodia desde el año pasado, cuando las autoridades revelaron por primera vez los detalles del presunto complot.
Según los fiscales, los sospechosos habían hecho preparativos cada vez más concretos y formaron dos ramas separadas de su grupo, una militar y otra administrativa.
En un plan de tres pasos, querían provocar un apagón en todo el país, secuestrar al ministro de Salud, matar a sus guardaespaldas si era necesario y luego convocar una asamblea para deponer al Gobierno y nombrar un nuevo líder.
Seguidores de las teorías conspirativas
Los miembros de la agrupación siguen un conglomerado de mitos conspirativos consistente en narraciones de la llamada ideología de los Reichsbürger (Ciudadanos del Reich) -movimiento ultraderechista que no reconoce la soberanía de la actual Alemania- y QAnon.
El órgano central de la agrupación es un “consejo” y cuenta además con un “brazo militar”, al que corresponde la toma planeada del poder por la fuerza de las armas.
Según la Fiscalía, algunos de los miembros de la organización desempañaron en el pasado un servicio activo en el ejército alemán.
Los 22 presuntos miembros de la organización, de los cuales dos actuaban como cabecillas, son ciudadanos alemanes, al igual que dos de los tres simpatizantes detenidos, mientras que el tercero es una ciudadana rusa.
Las autoridades alemanas han clasificado en los últimos años la violencia de extrema derecha como la principal amenaza al orden público, por encima del yihadismo.
En diciembre, la justicia anunció haber frustrado los planes de otro grupúsculo de extrema derecha que planeaba atacar las instituciones democráticas, incluido el parlamento.