La política de represión en Venezuela se ha sustentado en la coordinación entre los ataques y mensajes estigmatizantes emitidos en medios de comunicación con conexiones al gobierno de Nicolás Maduro y las detenciones arbitrarias por motivos políticos realizadas por las fuerzas de seguridad bajo su mando, concluyó una nueva investigación de Amnistía Internacional. El informe realizado en conjunto con el Foro Penal y el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) también detalle que en Venezuela prevalece una marcada discriminación política.
El mundo conoce, desde hace años, de la política de represión instaurada por el gobierno de Nicolás Maduro. Nuestra investigación muestra que hay momentos de altísima correlación entre las estigmatizaciones públicas y las detenciones arbitrarias por motivos políticos. Esta coordinación es un nuevo indicador de la política sistemática de represión y apunta hacia el crimen de lesa humanidad de persecución, que debe ser investigado por la justicia internacional,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.La investigación, “Represión calculada: Correlación entre las estigmatizaciones y las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela”, se llevó a cabo a lo largo de más de un año. Erika Guevara Rosas, afirmó que documentaron cómo las campañas de estigmatización han sido la base de la política represiva y de criminalización en Venezuela. “Desde los más altos niveles del Estado se ha estructurado un sistema para desprestigiar, acusar, amenazar y señalar a quienes defienden, promueven y exigen el respeto a los derechos humanos, a través de declaraciones públicas, medios de comunicación y redes sociales, personales e institucionales”, insistió. Y siguió: “con esta investigación se evidencia como la estigmatización, es aplicada balo la lógica del enemigo interno y deriva en la materialización de acciones violentas y persecución por parte del Estado”. Amnistía Internacional concluyó que no queda ninguna duda de la estrecha relación entre agentes del Estado venezolano, es decir funcionarios públicos, medios de comunicación públicos y privados, y ataques en contra de personas defensoras de derechos humanos, lo cual no debe quedar impune Tanto AI como CDJ hicieron un llamado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que considere incluir en su investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela los hechos puestos en evidencia en esta investigación, con miras a determinar actores claves, casos concretos y posibles partícipes de crímenes de lesa humanidad de privación arbitraria de la libertad y de persecución. También llamaron a la comunidad internacional a que continúe el apoyo hacia la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos en su mandato de aportar a la rendición de cuentas por violaciones a los derechos humanos en Venezuela desde 2014.