Las autoridades sanitarias y políticas británicas encubrieron la verdad sobre el escándalo de sangre contaminada que dejó cerca de 3 mil muertos en Reino Unido entre los años 1970 y 1990, reveló una investigación independiente.
Entre los años 1970 y principios de los años 1990, de acuerdo con el informe, más de 30 mil personas que padecían hemofilia o habían sido sometidas a operaciones quirúrgicas fueron contaminadas por el virus de la hepatitis C y el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), después de recibir transfusiones a través de lotes de sangre procedentes principalmente de Estados Unidos.
Debido a la escasez de sangre, el servicio público de salud recurrió a proveedores estadounidenses que pagaban a sus donantes, entre los que se encontraban presos y miembros de otros grupos con un riesgo importante de infección.
“La respuesta de las autoridades vigentes no hizo más que agravar el sufrimiento” de las víctimas, señala el informe.
Pese a lo sucedido, señaló el director del informe y exjuez Brian Langstaff, los gobiernos sucesivos tardaron en actuar y aseguraron que las y los pacientes recibieron el mejor tratamiento cuando no fue así.
Ante ello, el primer ministro conservador británico, Rishi Sunak, pidió perdón, pocas horas después durante una intervención en el Parlamento, por la actuación de los gobiernos conservadores en este caso.
El primer ministro conservador declaró que “quiero pedir disculpas de todo corazón e inequívocamente por esta terrible injusticia” y prometió pagar “lo que cueste” para compensar a las personas afectadas y a las familias de los que fallecieron.
De igual manera, el informe recomendó una serie de medidas para compensar a las víctimas, incluyendo pagos por daños y perjuicios, apoyo psicológico y acceso a mejores servicios de salud, además se especula que la sangre fue tomada de prisioneras que habían recibido dinero a cambio de muestras de sangre.
¿Cómo surgió la investigación?
En 2017, el Gobierno británico, entonces dirigido por la conservadora Theresa May, decidió abrir esta investigación pública para ofrecer transparencia sobre esta tragedia, calificada como “el peor desastre médico” en la historia de este país.
En 2022, un informe ya había pedido a las autoridades que pagaran una indemnización inmediata a las víctimas, sin esperar al final de las investigaciones, por lo que las autoridades anunciaron inmediatamente un primer pago de 100 mil libras (alrededor de 2 millones 102 mil 535 pesos mexicanos).
El coste final de la compensación podría alcanzar varios miles de millones de libras y se anunciará esta semana.