Chile comenzó la campaña hacia el plebiscito del 4 de septiembre de una nueva Constitución con veteranos dirigentes de centro izquierda proclives a rechazarla.
El expresidente socialista, Ricardo Lagos (2000-2006), sacudió el debate político el martes cuando divulgó una carta ambigua sin decidirse por “rechazo” o “apruebo”. Lagos destacó que ni la vigente Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y reformada en democracia, ni el nuevo proyecto de Carta Magna convocan “a una gran mayoría ciudadana”.
“Chile merece una Constitución que suscite consenso y como ninguno de los dos textos que puedan resultar del plebiscito está en condiciones de lograrlo, el desafío político es continuar con el debate constitucional hasta alcanzar una Constitución que interprete a la mayoría”, escribió Lagos, de 84 años.
Rodrigo Espinoza, politólogo de la Universidad Diego Portales, dijo que se “está viendo una trinchera donde las élites de los partidos tradicionales se están arrinconando hacia el ‘rechazo’ y en el mundo del ‘apruebo’ están saliendo a reflotar más bien voces ciudadanas como el mundo de la cultura, de los movimientos sociales, del movimiento feminista, que son básicamente quienes van a levantar la opción del ‘apruebo'”.
“Tal como ocurrió para el plebiscito de octubre 2020, cuando 78% del electorado aprobó la redacción de una nueva Constitución, creo que va a quedar el ‘apruebo’ más en manos del mundo social que de los partidos políticos en Chile”, afirmó el académico.
“A dos meses del plebiscito que consultará a más de 15 millones de ciudadanos si aprueban o rechazan el texto, será nuevamente el pueblo quien tendrá la última palabra sobre su destino. Empezamos una nueva etapa”, dijo el lunes pasado el presidente Gabriel Boric.
En el plebiscito de entrada de 2020 la participación fue de 50% y era voluntaria. El del 4 de septiembre próximo será por voto obligatorio.
En el nuevo texto fundamental, emanado de un órgano constituyente con 154 convencionales elegidos por primera vez en la historia de forma paritaria y con escaños reservados a pueblos originarios, fija un catálogo de derechos sociales de acuerdo a las reivindicaciones planteadas en 2019 durante protestas sociales.
Salud pública universal y de la calidad, educación gratuita, pensiones dignas o resguardo del agua y el medioambiente, fueron algunos reclamos que quedaron plasmados en el nuevo texto.
Finalmente, son 388 artículos, en 11 capítulos y 57 normas transitorias de aplicación.