Concluyó la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por el caso de Beatriz, la mujer salvadoreña que hace 10 años desafío al Estado y que ahora es una esperanza para las mujeres del país centroamericano, por ser una oportunidad para que se despenalice el aborto.
En este segundo día, las representantes de las víctimas y del Estado salvadoreño, así como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentaron alegatos sobre el caso con base en los testimonios que se rindieron ayer.
Morena Herrera, una de las litigantes y presidenta de la Agrupación Ciudadana Aborto por la Vida en El Salvador, criticó al Estado dado que negó la penalización absoluta del aborto en el país centroamericano en la audiencia.
Sin embargo, Herrera recordó que, en su país y en el alegato del Estado (que reconoció), todo tipo de aborto está penalizado y que “esa disposición penal obstaculiza la atención de muchas mujeres embarazadas cuyas vidas están en riesgo“, señaló.
Además, recordó que desde el 2011, la Relatora Especial sobre la violencia contra la Mujer, sus causas y consecuencias, tras el seguimiento que hizo en El Salvador, señaló que la penalización absoluta del aborto tenía repercusiones directas en las altas tasas de mortalidad materna y de embarazos de adolescentes.
También relató que los suicidios de adolescentes representaban el 40.6% de todos los casos asociados a la mortalidad materna indirecta.
En ese sentido, Herrera enfatizó que esas jóvenes optaron por el suicidio ante la ausencia de alternativas frente a embarazos no deseados y de alto riesgo.
“En los últimos años, en al menos 11 oportunidades, diversos Comités de Naciones Unidas han recomendado a El Salvador modificar las normas sobre aborto”, enfatizó la activista.
En el caso de Beatriz dijo que no recibió el tratamiento recomendado por sus médicos tratantes al inicio de su embarazo, porque El Salvador no permite el aborto en ninguna circunstancia.
“Sus médicos y ella tenían temor. Diez años después, esta prohibición sigue atentando contra la autonomía, la salud y la vida de las mujeres en El Salvador”, enfatizó Morena Herrera en una audiencia que tuvo una duración de casi dos horas y media.
“El Estado le falló a Beatriz”: litigantes y defensoras de Beatriz
Las litigantes de la víctima señalaron de forma reiterada que el Estado nunca implementó el tratamiento adecuado para Beatriz, sino que esperó a que se presentaran contracciones ya con la presencia de polihidramnios (una acumulación excesiva de líquido amniótico), lo que retrasó el acceso a un aborto pese a que la condición de su salud era delicada.
Por su parte, las representantes del Estado aseguraron que Beatriz estuvo estable durante el segundo embarazo. Además, equipararon los genocidios, como el de Ruanda, con el aborto si se regula su aprobación y dijeron que no se ha resuelto la incidencia de muertes maternas en los países en donde se ha aprobado.
En una posición en donde destacó la invisibilización de los derechos de las mujeres, sostuvo que la salud de Beatriz no estaba en riesgo de muerte y que el Estado protege la vida del no nacido.
Las litigantes de la víctima pidieron que no se considere como testigos directos a los médicos que fueron llevados como testigos del Estado, ya que no participaron en los hechos y actúan como peritos en relación de expedientes
Por su parte, Julissa Mantilla, comisionada relatora de la CIDH, expresó durante su intervención que con el caso de Beatriz se evidenció que el marco legal de El Salvador criminaliza absolutamente el aborto, dado que el Código Penal lo tipifica como delito.
Aseguró que la aprobación de una eximente no deja de criminalizar al aborto y posibilita también que las mujeres que tengan emergencias obstétricas sean criminalizadas.
La relatora recordó que, en 2018, la CIDH visito El Salvador y que constató la criminalización dado que recibió testimonios de mujeres condenadas, la mayoría jóvenes y en situación de pobreza. Dijo que esa situación repercute en que las mujeres optan por practicar abortos inseguros, y que CIDH tiene datos de que se registraron 38 mil 40 muertes por la imposibilidad de practicar abortos seguros.
97% de esas muertes ocurrieron en grupos vulnerables, “son las mujeres pobres que sufren el impacto”, dijo la relatora.
En su intervención la CIDH aseguró que el Estado salvadoreño limitó y violó los derechos de Beatriz: “su derecho a la vida y a la salud, debido a la tipificación del delito de aborto, por lo que aseguró que era responsabilidad del Estado”
“La regulación médica tiene beneficios, podría adoptar medidas preventivas en educación sexual y reproductiva. También brindar apoyos para que las mujeres continúen sus embarazos, principalmente las que se encuentren en situación de pobreza”, dijo que se debe considerar y respetar la voluntad de las mujeres.
Por la salud, por la vida, por la dignidad y la autonomía de las mujeres
Las organizaciones que representan y acompañan a la familia de Beatriz en el caso afirmaron que esperan una sentencia de la Corte favorable no solo para éste caso particular, sino de todas las mujeres, y que la causal de salud sea una de las principales para garantizar la interrupción del embarazo cuando la vida de la madre corra peligro.
Irma Lima, representante de la víctima e integrante de la colectiva feminista en El Salvador, solicitó ante el máximo tribunal de derechos humanos que para hacer justicia soliciten al Estado repare integralmente a la familia de Beatriz por las violaciones sufridas, que genere condiciones jurídicas para asegurar el acceso al aborto seguro, bajo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que la penalización del aborto no tenga efectos jurídicos por ser contrario a la convención americana.
Asimismo, pidió que haya leyes y políticas públicas para que se garantice la atención médica (incluida la atención psicológica) y que las mujeres no tengan que pedir autorización previa, además de que se elaboren guías médicas y de práctica clínica, porque no existen en aquel país para atender y practicar la interrupción del embarazo, bajo las directrices de la OMS.
“Ustedes son la última posibilidad para hacer justicia y evitar la repetición de las violaciones como las que vivió Beatriz”, expresó la abogada Lima.
Es así que finaliza la audiencia del caso de Beatriz ante el máximo tribunal de San José en Costa Rica. Las defensoras del caso esperaran respuesta en los siguientes meses, para conocer la resolución de la CorteIDH, ya que en caso de que se condene al Estado de El Salvador, deberá ejecutar las recomendaciones que se hagan, porque, aunque no son vinculantes, es uno de los 24 países de la región que firmaron la Convención Americana.
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