La Corte Suprema de Reino Unido dictaminó que Escocia no tiene el poder de celebrar un nuevo referéndum sobre la independencia sin el consentimiento del Gobierno británico.
Esta sentencia es un revés para la campaña del Gobierno escocés para separarse de Gran Bretaña.
El Tribunal Superior dictaminó que el Parlamento escocés no tiene el poder de legislar para un referéndum sobre la independencia de Escocia.
El presidente de la Corte Suprema, Robert Reed, dijo que los cinco jueces fueron unánimes en el veredicto, emitido seis semanas después de que los abogados de la administración independentista escocesa y el Gobierno conservador de Reino Unido argumentaran sus casos en audiencias en Londres.
Por su parte, la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, comentó que estaba decepcionada, pero que respetaría la sentencia.
“Una ley que no permite que Escocia elija su propio futuro sin el consentimiento de Westminster, esto expone como un mito cualquier noción de Reino Unido como una asociación voluntaria y defiende la independencia”, comentó.
Los partidarios de la independencia planean manifestarse frente al Parlamento escocés en Edimburgo y en otros lugares este miércoles.
Nueva votación
El Gobierno semiautónomo escocés quiere celebrar un referéndum con la pregunta “¿Debe Escocia ser un país independiente?”, pero el Gobierno de Reino Unido se niega a aprobar una votación, diciendo que la cuestión se resolvió en un referéndum de 2014 en el que los votantes escoceses rechazaron la independencia por un margen de 55 a 45%.
Sin embargo, el Gobierno independentista de Edimburgo quiere revisar la decisión, argumentando que la salida de Gran Bretaña, de la Unión Europea (UE), a la que se opuso la mayoría de los votantes escoceses, ha cambiado radicalmente el panorama político y económico.
Sturgeon argumenta que tiene un mandato democrático del pueblo escocés para realizar una nueva votación de secesión porque hay una mayoría que apoya la independencia en el Parlamento escocés.
Argumentos en pro y contra el referéndum
Durante las audiencias de la Corte Suprema el mes pasado, Dorothy Bain, la principal funcionaria legal del Gobierno escocés, dijo que la mayoría de los legisladores escoceses habían sido elegidos con el compromiso de celebrar un nuevo referéndum de independencia.
También indicó que un referéndum sería consultivo, en lugar de legalmente vinculante, aunque un voto por el sí crearía un fuerte impulso para que Escocia se separe.
Mientras tanto, el abogado del Gobierno de Reino Unido, James Eadie, argumentó que el poder de celebrar un referéndum recae en el Parlamento de Reino Unido, en Londres, porque es de vital importancia para Reino Unido en su conjunto, no solo para Escocia.
Los jueces de la Corte Suprema estuvieron de acuerdo. Dijeron que está claro que un proyecto de ley que prevé un referéndum sobre la independencia, sobre el fin de la soberanía del Parlamento de Reino Unido sobre Escocia, tiene más que una conexión vaga o consecuente con la soberanía de ese Parlamento.
Asimismo, Robert Reed enfatizó en que a la Corte no se le pidió y no se le puede pedir, que exprese una opinión sobre la cuestión política de si Escocia debería convertirse en un país independiente.
Opciones divididas por la independencia
Encuestas recientes sugieren que los escoceses están divididos en partes iguales sobre la independencia y también que la mayoría de los votantes no quieren un nuevo referéndum en el corto plazo.
Escocia e Inglaterra han estado unidas políticamente desde 1707. Escocia tiene su propio Parlamento y Gobierno desde 1999 y elabora sus propias políticas sobre salud pública, educación y otros asuntos, pero el Gobierno de todo Reino Unido controla asuntos como la defensa y la política fiscal.
La primera ministra escocesa ha dicho que si su Gobierno pierde el juicio, hará de las próximas elecciones nacionales de Reino Unido un plebiscito de facto para poner fin a la unión de tres siglos de Escocia con Inglaterra. Sin embargo, ella no ha dado detalles de cómo funcionaría eso.