De cara a la segunda vuela de las elecciones presidenciales en Brasil, el próximo domingo 30 de octubre, los dos contrincantes más fuertes: Jair Bolsonaro, quien aspira a su reelección, y Luiz Inácio Lula da Silva, expresidente y candidato del Partido de los Trabajadores (PT), pronostican un objetivo distinto para la empresa petrolera más importante de este país, Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras).
El actual líder de derecha, Jair Bolsonaro, habló de privatizar el principal productor de hidrocarburos de la región y el negocio cotizado más valioso, mientras que el expresidente izquierdista, Luiz Inácio Lula da Silva, tiene la intención de reafirmar una mayor influencia del gobierno sobre lo que alguna vez fue considerado la joya de la corona de la economía brasileña.
En ese sentido, Lula desea que Petrobras vuelva a ser una “compañía de energía integrada”, presente en fertilizantes, energías renovables y biocombustibles. A la par, que se trabaje por el autoabastecimiento nacional en derivados refinados, como gasolina y diésel, y que se dejen de cobrar precios internacionales por los combustibles que se venden en el país.
Las propuestas de Lula desconcertaron a algunos inversionistas. El temor es un regreso a los días de interferencia política bajo el PT de Lula, que gobernó Brasil durante 13 años hasta 2016.
Por su parte, Jair Bolsonaro aseguró que, de ser reelecto, buscará privatizar a Petrobras, después del aumento de los precios de los combustibles, que además se avivó por la guerra en Ucrania. Los aumentos de los precios de los combustibles han llevado ya al gobierno a reemplazar tres veces al director general de la empresa.
Corrupción en Petrobas
El gran escándalo de corrupción de la petrolera Petrobras desató problemas legales, financieros y políticos sobre la empresa. Altos ejecutivos y políticos fueron investigados por el entramado de pago de sobornos por contratos.
Petrobras es la mayor empresa de Brasil, que pertenece mayoritariamente al Estado. Fue fundada en 1953 por el entonces presidente Getulio Vargas. Se dedica a la explotación de petróleo y gas; producción, refinación y suministro de crudo y productos petrolíferos.
El escándalo inició cuando en 2013, la Policía Federal de Curitiba descubrió una red de lavado de dinero que operaba en Brasilia y en Sao Paulo. Tras meses de trabajo, la investigación los llevó a Alberto Youssef, experto en blanqueo. Al ser detenido llegó a un acuerdo de “delación premiada” con la policía.
Youssef, informaron medios internacionales, fue el principal delator y uno de los acusados en la investigación. Él declaró que recibió 31.5 millones de dólares como soborno de la constructora Odebrecht. Su testimonio junto al del exdirector de Abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa, hizo explotar el caso.
La investigación de la Policía Federal sobre el caso, llama Operación Lava Jato, se hizo públic en marzo de 2014 con la detención de 24 personas, 81 órdenes de allanamiento, 28 mandatos de prisión preventiva o temporal, en varias ciudades del país, y fueron incautados autos deportivos, joyas, obras de arte y relojes lujosos.
En ese sentido, la policía reveló el desvió de casi 700 millones de euros de los cofres de Petrobras. En su balance de 2014, Petrobras estimó en 2 mil millones de euros las pérdidas provocadas por la corrupción. Los altos ejecutivos de constructoras y de Petrobras amañaban contratos de obra pública a cambio de sobornos que se repartían con los cargos políticos.
Días más tarde, el exdirector de Petrobras fue detenido. Esto, luego de que sus familiares fueran grabados llevándose bolsas a hurtadillas de un edificio propiedad de Paulo Roberto Costa; a la vez, fiscales suizos informaron a sus pares brasileños que en bancos de ese país habían más de 23 millones de dólares pertenecientes a Costa.
El caso dio otro giro clave, cuando en 2014, Paulo Costa llegó a un acuerdo de delación para reducir su pena, a cambio de devolver dinero, relatar crímenes y señalar a otros implicados.
Más culpables
Los fiscales denunciaron que las principales empresas constructoras de Brasil, incluidas gigantes como Odebrecht o Camargo Correa, formaron un cártel para repartirse contratos multimillonarios de Petrobras, que pagaban con sobornos a directores de la petrolera y a distintos políticos de diferentes agrupaciones.
El dinero desviado iba a compañías de fachada y lo disfrazaban como pagos por consultorías; pasaba por Youssef y otras personas antes de llegar a los destinatarios.
Todo esta corrupción provocó un terremoto político en la entonces gestión de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, por la relevancia de la empresa, implicaron a empresarios y políticos del Partido de los Trabajadores (PT), como el expresidente Lula da Silva, cuatro exministros, el tesorero de su partido, João Vaccari; el coordinador de su campaña electoral en 2010, y el líder del PT en el Senado, Delcídio Amaral.
En 2015, Delcídio Amaral fue detenido por su participación en la red de corrupción y aceptó un acuerdo de delación premiada. En ella citó el nombre de varios políticos, como Lula da Silva y el de la propia presidenta Dilma Rousseff.
Cabe mencionar que aunque el origen de la corrupción de la petrolera remonta al año 2000, es decir durante la presidencia de Fernando Henrique Cardoso, alcanzó su punto más alto cuando Rousseff era Ministra de Casa Civil, Ministra de Minas y Energía y presidenta del Consejo de Administración de Petrobras, cargo que compaginaba con sus carteras en el Ejecutivo del expresidente Lula da Silva.
El escándalo continuó alimentándose por un total de 49 acuerdos de colaboración que permitieron recuperar casi la mitad de los 1.770 millones pagados en sobornos, según fiscales. Se estima que hasta 2016, 179 personas enfrentan acusaciones penales y las condenas ya emitidas en primera instancia sumaban casi mil años de prisión.
Entre ellos están el extesorero del PT, João Vaccari, antiguos directores de Petrobras y el expresidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, condenado a 19 años y cuatro meses de cárcel en 2016; mientras que Youssef y Costa recibieron también este mes penas de 20 años y algunos meses de prisión cada uno.
¿Lula culpable?
En 2016, Lula fue arrestado y su casa fue allanada por este caso de corrupción, que era liderada entonces por el juez Sérgio Moro. Más tarde, Dilma Rousseff nombró a Lula ministro de la Casa Civil, equivalente a primer ministro.
El nombramiento fue suspendido por el magistrado del Supremo Tribunal Federal, Itagiba Catta Preta Neto, por lo que el expresidente de Brasil fue sentenciado a más de 20 años de prisión por cargos de corrupción.
En 2019, una investigación de la revista reveló la filtración de documentos, conversaciones e intercambio de opiniones entre el exjuez Sergio Moro y los fiscales de las causas que incriminaban a Lula.
En esas conversaciones, Moro ordenó a los fiscales que encarcelaran a Lula da Silva mediante su incriminación en el escándalo Lava Jato. Sin embargo, el 3 de julio de 2019, la Justicia de Brasil lo declaró inocente por unanimidad en una de las 10 causas que se armaron en su contra.
En noviembre del mismo año, la Corte Suprema de Brasil decidió que el encarcelamiento de Lula da Silva había sido inconstitucional y ordenó su liberación.