En una corte del distrito de Columbia, Washington DC, Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín Guzmán Loera, se declaró culpable por tres cargos relacionados con narcotráfico.
Los tres delitos son conspiración para distribuir heroína, cocaína, marihuana y metanfetaminas en estados unidos; lavado de dinero desde 2007 y hasta diciembre de 2019 por realizar y preparar transacciones con recursos de procedencia ilícita; además de su vinculación con transacciones y negocios con propiedades para evadir y evitar prohibiciones impuestas a su marido.
Su declaración de culpabilidad fue aceptada por el juez Rudolph Contreras, quien fijó dictar sentencia el 15 de septiembre de 2021, previamente le explicó que, de declararse culpable, no habría ningún juicio ni derecho a que pudiera apelar un fallo.
En la audiencia, el juez le explicó que enfrenta una sentencia máxima de cadena perpetua y un mínimo de 10 años, pero tiene la discreción de aumentar o disminuir la cantidad de años, podría salir de prisión bajo supervisión en cinco años, indicó el juez.
Coronel afirmó que no lee inglés pero que comprendió todo lo que explicó el juez, y que no fue coaccionada ni forzada a firmar el acuerdo de culpabilidad, aseguró que está satisfecha con el trabajo de sus abogados en el caso y que es mentalmente competente para declararse culpable. Tampoco afirma tener antecedentes de enfermedad mental o adicción a las drogas.
Durante la audiencia, la fiscalía aseguró que el gobierno probaría cada uno de los tres cargos penales con testimonio de testigos, evidencia generada por la investigación policial y otros medios
El fiscal Anthony Nardozzi dijo que Coronel que estuvo involucrada en el tráfico de drogas a gran escala debido a su relación con el Chapo Guzmán, además, colaboró en planear su escape por el túnel en 2015 en la cárcel de altiplano de México, con la ayuda de sus hijos.
Nardozzi afirmó que Emma Coronel “Controlaba propiedades comerciales y residenciales” propiedad de su marido y “obtenía ingresos de ellas al alquilarlas”, dice que violó la “Ley Kingpin” porque al ser ciudadana estadounidense, tuvo “vínculos financieros” con un narcotraficante sancionado.
La mexicana está detenida sin derecho a fianza desde su arresto en febrero
Pasado en el aeropuerto internacional Dulles, en Virginia y permanecerá encarcelada hasta que se dicte sentencia.