La sociedad guatemalteca está molesta contra el sabotaje que pretende hacer la fiscal, Consuelo Porras, a la llegada al poder del izquierdista, Bernardo Arévalo.
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, es parte de un engranaje que intenta frenar el arribo del progresista, Bernardo Arévalo, a la presidencia.
Porras está marcada por un pasado de incidencias y reincidencias corruptas, que le merecieron la prohibición de entrada a Estados Unidos.
“Obstruyó y menoscabó en forma reiterada investigaciones contra la corrupción en Guatemala con el propósito de proteger a sus aliados políticos y conseguir favores indebidos”, acusó el secretario de Estado, Antony Blinken, el 16 de mayo de 2022.
Estos actos incluyen instruir al Ministerio Público a desestimar investigaciones y destituir fiscales que investigaban casos de corrupción.
Nombrada en 2018 por el entonces presidente, Jimmy Morales, Porras fue confirmada el año pasado por cuatro años más, hasta 2026, por Alejandro Giammattei, con quien generó una alianza para trabajar a favor de los poderes fácticos en Guatemala.
De ahí los procesos abiertos por Porras contra Semilla, el partido de Arévalo y contra él mismo, sin contar con jurisdicción electoral, luego del inesperado triunfo del candidato de izquierda.
Por lo pronto, la sociedad que respalda a Arévalo y exige la renuncia anticipada de la fiscal, mantiene la movilización y los bloqueos en las calles, desmintiendo las versiones de violencia que les achacan.
“Hasta las últimas consecuencias vamos a ser pacíficos. Si ellos vienen y dialogan pues vamos a hablar con ellos”, dijo el manifestante, Leonel de León.