La Fiscalía de Guatemala pidió quitarle la inmunidad al presidente Bernardo Arévalo, al acusarlo de autorizar pagos “ilegales” a constructoras.
En conferencia de prensa, Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dijo que se presentó a la Corte Suprema la solicitud de “retiro de antejuicio en contra del señor presidente”, para ser investigado por abuso de autoridad, usurpación de atribuciones y acciones violatorias de la Constitución, recurso que puede llevar a quitarle la inmunidad.
El antejuicio es el derecho de los funcionarios a no ser investigados hasta que un juez avale el inicio de las pesquisas. En el caso del presidente Arévalo, la ley establece que, si la Corte da luz verde al proceso, lo debe remitir al Congreso, que toma la decisión sobre la inmunidad.
El funcionario acusó al mandatario socialdemócrata de haberle ordenado a la exministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, los pagos de contratos a empresas presuntamente involucradas en hechos de corrupción.
Gobierno de Arévalo rechaza señalamientos
En un mensaje enviado a los medios, el Gobierno guatemalteco indicó que “los disparates del señor Curruchiche no tienen cabida en ninguna acción penal”.
Cabe destacar que, si se abre una investigación penal contra el presidente Bernardo Arévalo, la Fiscalía puede pedir una orden de prisión preventiva contra él y, si la justicia accede, le costaría el cargo.
Manfredo Marroquín, de la filial local de la ONG Transparencia Internacional, consideró que esta petición no es sorpresiva, pues esta “ha sido la política del Ministerio Público, de perseguir al nuevo gobierno”.
En mayo, fue divulgado el audio de una conversación entre Arévalo y la entonces ministra Jazmín de la Vega, donde el mandatario le notifica su destitución por no haber cumplido una orden de pagar a empresas conforme a un “listado acordado”.
Arévalo confirmó la veracidad del audio y argumentó que los listados se elaboraron para pagar tras verificarse que las obras estuvieran en ejecución.