Este miércoles, personas indígenas bloquearon (por tercer día consecutivo) varias rutas de Guatemala para exigir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, a quien acusan de fraguar un supuesto golpe de Estado para impedir que asuma el presidente electo, Bernardo Arévalo.
La estatal dirección general de Protección y Seguridad Vial indicó que los indígenas y campesinos mantienen cerrados al menos 21 tramos de transitadas carreteras como la Interamericana, así como las rutas que conducen a las fronteras de México, El Salvador y Honduras.
Además, cerraron el paso al Puerto Quetzal, sobre el Pacífico, mientras en Ciudad de Guatemala policías mantienen acordonado el perímetro del aeropuerto internacional La Aurora, ante rumores de que los manifestantes pretendían tomar las instalaciones, según la Aeronáutica Civil.
En tanto, este miércoles la página web del Ministerio Público (MP, Fiscalía) fue objeto de jaqueo por personas inescrupulosas. Asimismo, se ha iniciado la investigación correspondiente para establecer responsabilidades, dijo la institución en una nota de prensa.
El Gobierno saliente del presidente derechista Alejandro Giammattei dijo este miércoles en un comunicado que reconoce el derecho constitucional a la manifestación pacífica, pero sin “atentar contra la integridad, el derecho a la vida, ni la libre locomoción de los guatemaltecos”.
“Los bloqueos también privan a la (población) de derechos elementales como el acceso a la salud” y si una persona pierde la vida “al quedar varados en puntos de bloqueos, se deducirán las responsabilidades correspondientes”, puntualizó.
Bloqueos que piden renuncias
Los bloqueos iniciaron el lunes en contra de los allanamientos de la sede del tribunal electoral para secuestrar las actas de las elecciones pasadas, el pedido para quitar los fueros a los magistrados de ese organismo e intentar cancelar el partido Semilla de Arévalo; acciones que han provocado preocupación y rechazo internacional.
Arévalo ganó el balotaje del 20 de agosto ante la exprimera dama Sandra Torres, cercana al oficialismo y a la poderosa élite empresarial aliada del Gobierno.
Además, piden las renuncias de Porras; del jefe de la fiscalía contra la impunidad, Rafael Curruchiche; la fiscal Cinthia Monterroso; y el juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, quienes mantienen la cruzada legal postelectoral.
Los cuatro funcionarios están incluidos en una lista de “actores corruptos” y antidemocráticos de Estados Unidos.
Las manifestaciones y bloqueos fueron convocados por los alcaldes comunales de los 48 cantones del departamento de Totonicapán, al oeste de la capital, pero al llamado se han sumado otros sectores.
La Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, España, la Unión Europea y organizaciones internacionales han expresado su rechazo a la persecución penal por considerar que atenta contra la democracia y la gobernabilidad de esta nación.