Una jueza federal en Estados Unidos bloqueó de manera temporal el despliegue de soldados de la Guardia Nacional en la ciudad de Portland, medida que había sido ordenada por el presidente Donald Trump a finales de septiembre con el argumento de reforzar las acciones contra la inmigración ilegal.
En una resolución emitida el 4 de octubre de 2025, la jueza Karin Immergut, del Distrito de Oregón, determinó que el presidente y los funcionarios federales tienen “prohibido temporalmente” ejecutar el despliegue militar, medida que permanecerá vigente hasta el 18 de octubre, mientras se analiza el fondo del caso.
La magistrada argumentó que las protestas registradas en Portland no representan un peligro de rebelión y que las autoridades locales cuentan con la capacidad suficiente para mantener el orden público sin intervención militar.
El estado de Oregon y la ciudad de Portland interpusieron una demanda conjunta contra el Gobierno federal, a quien acusan de abuso de poder y violación de la Constitución. En el recurso legal sostienen que la orden presidencial “lejos de promover la seguridad pública, amenaza con socavarla al incitar la indignación social”.
Trump había emitido la orden luego de que la gobernadora Tina Kotek, del Partido Demócrata, rechazara la solicitud del secretario de Defensa, Pete Hegseth, para desplegar tropas por iniciativa estatal. La Casa Blanca justificó la medida al señalar que el envío de la Guardia Nacional era necesario ante el aumento de las protestas por las redadas migratorias y la designación del movimiento Antifa como organización terrorista.
En Portland, ciudad donde se fundó Rose City Antifa, uno de los grupos antifascistas más antiguos de Estados Unidos, las manifestaciones se han mantenido mayoritariamente pacíficas, según reportaron autoridades locales.
La gobernadora Kotek y diversos líderes comunitarios rechazaron las declaraciones del mandatario republicano, quien ha descrito a Portland como “una ciudad devastada por la guerra”.