Más de 18 mil estudiantes han sido afectados en Nicaragua por el cierre, modificación jurídica y fusión de las universidades privadas.
Además de la reducción de la oferta educativa, se anuló la libertad de cátedra que impartían esas instituciones, dejando a sus alumnos con cursos y carreras inconclusas.
La sociedad civil se apresta a librar una nueva batalla legal contra el régimen de Daniel Ortega.
Parten de considerar ilegal la cancelación de operaciones de las universidades Politécnica, Hispanoamericana, Católica del Trópico Seco, Nicaragüense de Estudios Humanísticos, Popular de Nicaragua y la Paulo Freire.
Deploramos la persistencia y profundización de la iniciativa de estatización de la educación superior en Nicaragua, protagonizada por la actual administración pública, con violación abierta a la legislación vigente que regula a la educación”, expuso Adrián Meza, rector de la Universidad Paulo Freire.
Todas las universidades en Nicaragua gozan por ley de autonomía económica, financiera, académica, orgánica y administrativa. Por ello, ya se analiza la vía jurídica para revertir la decisión gubernamental.
“Lo que está ocurriendo en Nicaragua, a todas luces, es una confiscación. Y es importante destacar que las confiscaciones están prohibidas en el artículo 44 de la Constitución”, dijo la abogada Martha Patricia Molina.
Conocedores del tema consideran que el régimen cometió un yerro tras otro. Primero, porque el Congreso decidió retirar la naturaleza jurídica a los planteles, algo carente de fundamento.
“Lo hicieron, primero, para tratar de tapar un poco la barbaridad que hizo la Asamblea Nacional al clausurar la personalidad jurídica con los argumentos que ellos presentaron”, comentó Ernesto Medina, exrector UNAN-León UAM.