Las elecciones presidenciales en Colombia, que se realizarán el domingo 29 de mayo, podrían darle al país su primer Gobierno de izquierda en la historia, con Gustavo Petro, candidato de la Alianza de Fuerzas Progresistas.
El reto democrático enfrenta también a un poderoso ente ilegal: las milicias de ultraderecha y las organizaciones de narcotráfico, que intentan desestabilizar el proceso.
El Clan del Golfo, que en octubre de 2021 perdió a “Otoniel”, su líder, recién extraditado a Estados Unidos, se ha reagrupado y embiste desde distintos frentes. Entre ellos, un supuesto arreglo y colusión con el Gobierno saliente del presidente Iván Duque.
“Aquí no hay ninguna alianza con ningún Clan del Golfo, por el contrario, la lucha es contra ellos. […] No nos prestemos para que gente inescrupulosa saque videos diciendo cosas contrarias. Aquí está la Policía y la Infantería de Marina trabajando precisamente por la seguridad y convivencia ciudadana” dijo Julio César González, actual comandante Región Caribe, de la Policía Nacional de Colombia.
En una demostración de fuerza, el cártel realizó un “paro armado” en su zona de influencia, que abarcó 141 de los mil 100 municipios de Colombia. Calles vacías y comercios cerrados ante el temor de la población.
Luego, la ofensiva en represalia por la extradición de Otoniel, que acumula una decena de asesinatos, la mayoría de policías, y casi 200 vehículos incinerados.
En respuesta, el Ejército y la Policía Nacional intensificaron la persecución de los cabecillas del grupo criminal.
Además, ofrecieron el equivalente a casi 25 millones de pesos mexicanos por información para la captura de los tres subalternos de Otoniel, que ahora encabezan la organización.
Finalmente, campesinos cocaleros que trabajan para el clan, impidieron al ejército destruir los plantíos de la materia prima para elaborar cocaína.