La misión internacional independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Venezuela denunció que los servicios de inteligencia de ese país sudamericano cometen “crímenes de lesa humanidad” para reprimir la oposición.
“Nuestras investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual”, aseguró en conferencia de prensa Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de la ONU sobre Venezuela.
En un informe, documentó 122 casos de personas que fueron víctimas de tortura, violencia sexual, tratos crueles, inhumanos, y degradantes, cometidos desde 2014. El documento se basa en 250 entrevistas a víctimas, sus familiares y abogados.
Además, este documento detalla que el presidente de este país, Nicolás Madura, llegó a dar órdenes directas al servicio bolivariano de inteligencia y la dirección de contrainteligencia militar, para detener a disidentes.
Las conclusiones del informe muestran el papel del Servicio Bolivariano de inteligencia (Sebin) y la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) para llevar a cabo estos atropellos “en la ejecución de un plan orquestado por el presidente y otras autoridades de alto nivel para reprimir a la oposición al gobierno, incluso mediante la comisión de torturas de extrema gravedad, que son constitutivas de crímenes de lesa humanidad”, señala el informe.
Entre los métodos de tortura, menciona, figuran palizas con objetos, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico y posiciones de estrés, así como formas de tortura psicológica, como la “tortura blanca”.
Estos hechos tenían lugar en su sede de Boleíta, en Caracas, y en una red de centros de detención encubiertos en todo el país, según se indica.
En Caracas, una organización reveló que dos funcionarios del Sebin intentaron ingresar a su sede para “intimidar” a familiares de trabajadores detenidos que daban una rueda de prensa para exigir su libertad.
“Nos parece muy preocupante ya que creemos que forma parte de una escalada superior contra las organizaciones de derechos humanos y contra quienes hoy denuncian la política de represión del presidente Nicolás Maduro”, indicaron voceros de la organización.
Órdenes de Maduro
Según el análisis de la misión y la información recibida, las autoridades detuvieron a disidentes y opositores al gobierno. En algunos casos, Maduro y personas de su círculo cercano, así como otras autoridades de alto nivel, “participaron en la selección de los objetivos”.
El informe también cita a Diosdado Cabello, un poderoso dirigente chavista, como autor de órdenes para identificar a algunos de los detenidos por el Sebin.
Los servicios de inteligencia “han torturado o infligido malos tratos a detenidos -entre ellos políticos de la oposición, periodistas, manifestantes y defensores de los derechos humanos -principalmente en el centro de detención ‘El Helicoide'”, en la capital venezolana.
Exdetenidos en este centro explicaron a la misión de la ONU las pésimas condiciones en las que se encontraban y que muchos presos “tenían que orinar en botellas de plástico”, porque sólo se les permitía una visita diaria al baño. Había celdas “privilegiadas” con mejores condiciones para las que los detenidos tenían que pagar.
La misión ha investigado 51 casos que ocurrieron desde 2014. “Tanto el Sebin como la DGCIM hicieron uso de la violencia sexual y de género para torturar y humillar a sus detenidos”, añadió.
La misión, que ya presentó dos informes -en 2020 y en 2021- haciendo hincapié en las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, insiste en que estos hechos, especialmente los cometidos por el Sebin y la DGCIM, “continúan hasta hoy”.
Zona minera
El panel de la ONU también publicó un informe sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas por “actores estatales y no estatales”, contra la población local en el llamado Arco Minero del Orinoco, extensa región del sur de Venezuela rica en oro y otros minerales como hierro o coltán.
El grupo detalla “privaciones arbitrarias de la vida, desapariciones, extorsiones, castigos corporales y violencia sexual y de género”.
En el estado de Bolívar y en otras zonas mineras, “las poblaciones locales, incluidos los pueblos indígenas, están atrapadas en una violenta batalla entre actores estatales y grupos armados criminales por el control del oro”, añadió.