La Organización de las Naciones Unidas (ONU) concedió al Gobierno peruano de Dina Boluarte un plazo de 60 días para que entregue informes sobre la respuesta policial a las protestas antigubernamentales que se registran en el país desde principios de diciembre y en las que han muerto cerca de 60 manifestantes.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos remitió un comunicado al Gobierno andino en el que reconoce haber recibido información sobre el “uso excesivo de la fuerza provocando un elevado número de muertes ilícitas”, así como decenas de heridos.
El escrito, al que ha tenido acceso el diario peruano ‘El Comercio‘, fue remitido al Ejecutivo el pasado viernes y cuenta con la rúbrica de Beatriz Balbín, jefa de la subdivisión de los procedimientos especiales.
Asimismo, el organismo de Naciones Unidas alertó sobre el presunto uso abusivo de los tipos penales de terrorismo en contra de los manifestantes y disidentes, detenciones supuestamente arbitrarias, casos de estigmatización y violación al debido proceso, e incluso un caso de desaparición forzada.
En la misma línea, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha puesto la lupa sobre el allanamiento a la Universidad de San Marcos, intervenciones y detenciones sin presencia de fiscales o abogados, así como el uso del “terruqueo” –acusaciones de vínculos con el terrorismo– con acusaciones “abusivas” contra manifestantes.
En el apartado de los manifestantes fallecidos, el organismo de la ONU resaltó especialmente los enfrentamientos en Apurímca, que se saldaron con seis muertos; los de Ayacucho, donde fallecieron otras diez personas; y los de Juliaca, donde perdieron la vida cerca de una veintena de civiles.
Con base en esa información, el organismo solicitó al Gobierno de Boluarte una respuesta en un plazo inferior a dos meses, instando a las autoridades “a que adopten todas las medidas necesarias” para proteger los derechos y las libertades de la población.
Finalmente, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos exigió al Ejecutivo andino investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas.