A unos días de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, tome posesión del cargo; y ante su constante amenaza de deportar a migrantes latinoamericanos, diez países latinoamericanos discutieron estrategias conjuntas para responder al desafío.
Funcionarios diplomáticos de Cuba, Venezuela, Honduras, Guatemala, Haití, Brasil, Colombia, Belice, El Salvador y México convinieron una declaración conjunta en la que llamaron a todos los países del hemisferio occidental a conducirse conforme al derecho internacional y los derechos humanos al respecto de la movilidad humana.
“Son motivo de grave preocupación los anuncios de deportación masiva, sobre todo por su incompatibilidad con los principios fundamentales de los derechos humanos y por no abordar de modo eficaz las causas estructurales de la migración”, asentaron.
“Reafirmamos que todas las personas migrantes, independientemente de su situación migratoria, tienen derechos fundamentales e inalienables, y que todos los Estados están obligados a respetarlos, protegerlos y a procurar adoptar medidas para su plena realización”, señalaron.
Además, se comprometieron a defender los derechos humanos de los migrantes, rechazar su criminalización y protegerlos de manera prioritaria de la delincuencia organizada trasnacional.
La reunión de funcionarios de Relaciones Exteriores para atender una posible crisis por deportaciones masivas desde Estados Unidos fue convocada por las presidentas de Honduras y México, Xiomara Castro y Claudia Sheinbaum, respectivamente.
La labor de la CELAC
Los involucrados también llamaron a reactivar las reuniones sobre migración de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
Las medidas coercitivas unilaterales, acusaron, afectan a poblaciones enteras, principalmente los grupos vulnerables, por lo que demandaron desistirse de ellas.
Los países involucrados acordaron intercambiar información sobre los flujos migratorios en sus territorios, además de articular posibles retornos voluntarios y asistidos.
Llamado especial por Haití
Hicieron mención especial al caso haitiano y se comprometieron a apoyar su búsqueda de restablecer la seguridad humana que permita normalizar su situación política, económica y social.
El país isleño sufre una crisis de gobernabilidad desde el asesinato, en 2021, del entonces presidente en funciones Jovenel Moïse, lo que derivó en una proliferación de grupos criminales que han dificultado la institucionalidad y mantienen en constante amenaza a la población civil.