El parlamento de Canadá aprobó por unanimidad una moción para acoger a 10 mil refugiados uigures que huyeron de China y que ahora enfrentan presiones para regresar.
La medida se sustenta en una declaración de los legisladores de febrero de 2021 que califica el trato de Pekín a los uigures y musulmanes turcos en el territorio noroccidental de Xinjiang como genocidio.
Grupos defensores de derechos creen que al menos un millón de uigures y otras minorías, principalmente musulmanas, han sido encarcelados en campos de concentración en la región, y acusan a China de obligar a las mujeres a esterilizarse y de imponer trabajos forzados.
Decenas de miles han huido
Mehmet Tohti, director ejecutivo del Proyecto de Defensa de los Derechos Uigur, dijo a periodistas que la acogida es un mensaje contundente que “resonará no solo en China y Canadá, sino en todo el mundo“.
La moción argumenta que los uigures que “huyeron a terceros países enfrentan presión e intimidación por parte del Estado chino para volver a China“, al tiempo que acusa a Pekín de aplicar presión diplomática y económica a otros países para detenerlos y deportarlos, “privándolos de contar con un refugio seguro en el mundo”.
La medida propone reasentar a 10 mil uigures en Canadá por un periodo de dos años, comenzando en 2024.
Alto Comisionado de la ONU vigilaría abusos en Xinjiang contra uigures
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos hace una semanas dijo que daría seguimiento al informe “muy importante” publicado por su predecesora sobre la región china de Xinjiang, que menciona posibles crímenes contra la humanidad cometidos contra los uigures y otras minorías.
Ese informe “puso de manifiesto graves preocupaciones en materia de derechos humanos y me concentro en el seguimiento de las recomendaciones contenidas en él“, declaró en una conferencia de prensa el austríaco Volker Türk, que asumió sus nuevas funciones en Ginebra el 17 de octubre.
Cuando se le preguntó cómo procedería, afirmó que intervendrá “personalmente” ante las autoridades chinas. “Estoy muy decidido a hacerlo”, sostuvo.
Crímenes de lesa humanidad
Su predecesora, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, publicó a fines de agosto su muy esperado informe minutos antes de concluir su mandato, a pesar de la enorme presión ejercida por Pekín para enterrarlo.
En este documento, las Naciones Unidas no hablan de genocidio, sino de posibles “crímenes de lesa humanidad” y de “pruebas creíbles” de tortura y violencia sexual y pide a la comunidad internacional que actúe.
El reporte no contenía ninguna revelación, pero permitió aportar todo el peso de la ONU a las acusaciones hechas desde hace mucho tiempo por varias oenegés sobre atropellos contra los derechos humanos en Xinjiang, incluidas la detención de más de un millón de uigures y otras minorías musulmanas y la esterilización forzada de mujeres.
China rechaza estas acusaciones en bloque y presenta los sitios señalados como campos de detención como “centros de formación profesional”, destinados a combatir el extremismo religioso.
Pekín acusa a la ONU de convertirse en “cómplice de Estados Unidos y de Occidente” e hizo fracasar, en octubre, el intento de Washington y sus aliados de introducir un debate sobre el informe de Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.