El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció una reforma para estrechar el control judicial sobre los servicios secretos, tras un escándalo de espionaje que irritó a los independentistas catalanes, que brindan un apoyo clave a su ejecutivo.
“Se trata de reforzar las garantías de ese control judicial sobre los servicios de inteligencia, además de asegurar el máximo respeto a los derechos individuales y políticos de las personas”, señaló Sánchez.
El anuncio se produjo a poco más de un mes de que estallara el escándalo el 18 de abril, cuando en un informe publicado por la organización canadiense Citizen Lab se aseguraba que los teléfonos de más de 60 personas de la órbita independentista catalana fueron infectados entre 2017 y 2020 con el software de espionaje israelí Pegasus.
Molestos, los separatistas catalanes acusaron al Estado de estar detrás de esas escuchas y amenazaron con retirar su crucial apoyo parlamentario al Gobierno minoritario de Sánchez, lo que supondría poner en peligro la continuación de la actual legislatura, que debe terminar a finales de 2023.
El caso se complicó aún más cuando a principios de mayo el Gobierno anunció que el propio Pedro Sánchez y su ministra de Defensa, de quien dependen los servicios secretos, también fueron espiados, en mayo y junio de 2021 mediante el mismo programa informático.
El Gobierno asegura que el pirateo de los teléfonos, también sufrido por el ministro del Interior, fue producto de un “ataque externo” de un actor sin identificar, aunque la prensa española especula con que Marruecos, con quien Madrid acaba de cerrar una crisis diplomática de casi un año, podría estar detrás.
En un primer intento por enfriar los caldeados ánimos políticos, el Gobierno destituyó a la jefa de los Servicios de Inteligencia, Paz Esteban, en momentos en que el movimiento separatista e incluso el socio de los socialistas de Pedro Sánchez en el Gobierno de coalición, la izquierda radical de Podemos, pedían que rodaran cabezas por el escándalo.
Ahora, Pedro Sánchez anuncia esta reforma junto a la futura adopción de una nueva ley de “información clasificada”, en sustitución de la anterior de 1968 aprobada bajo la dictadura de Francisco Franco, para “que la norma se adapte a los principios democráticos, constitucionales”.
Estas iniciativas, de las que no obstante no ofreció mayores detalles, pondrán al día los procedimientos y acometerán los cambios para evitar que estas brechas de seguridad vuelvan a producirse en el futuro, añadió Sánchez.
“Es esencial realizar un esfuerzo cada vez más amplio de las actividades del CNI que desarrolla frente a las actuaciones de servicios de inteligencia hostiles, en los ámbitos de la contrainteligencia, de la ciberseguridad y la información clasificada, para defenderse del uso ilegítimo de software como Pegasus”, subrayó.
De todas maneras, el jefe del ejecutivo español defendió en su intervención en el Parlamento a los servicios de inteligencia, afirmando que “han actuado en todo momento bajo la más escrupulosa legalidad”.
Asimismo, Sánchez confirmó que efectivamente 18 independentistas catalanes tuvieron intervenidas sus comunicaciones, pero ligó esas actividades a momentos “duros, difíciles, traumáticos” que se vivieron por el conflicto político en Cataluña.
La crisis tuvo su momento álgido en octubre de 2017, cuando los independentistas celebraron un ilegal referéndum de autodeterminación y decretaron una fallida declaración de independencia.
Sánchez garantizó que esa escuchas, acotadas en el tiempo, fueron debidamente autorizadas por un magistrado del Tribunal Supremo, tal y como ordena la ley.
“La gran mayoría de los teléfonos móviles infectados que aparecen en el informe de Citizen Lab, lo han sido por actores desconocidos, ajenos a la administración española. Esa es la realidad“, afirmó Sánchez.
Además, Sánchez garantizó su voluntad de mantener el diálogo iniciado por su Gobierno con los independentistas catalanes.