La organización Human Rights Watch (HRW) adviritó este jueves que el nuevo Portal Nacional de Internet lanzado por el Gobierno de Camboya permitirá a las autoridades aumentar la vigilancia en línea, la censura y el control de internet, algo que infringirá gravemente los derechos a la libertad de expresión y a la privacidad.
Este miércoles, el primer ministro de Camboya, Hun Sen, respaldó la creación de un sistema de control estatal de internet que redirigiría todo el tráfico online en el país, al considerar que ayudará a proteger la seguridad nacional y garantizar el orden social.
Sin embargo, las voces críticas han expresado el temor a que el nuevo sistema convierta el internet en Camboya en un sistema de estilo chino utilizado para bloquear contenido disidente y contrario a las autoridades.
El decreto firmado por el líder camboyano obliga a que todo el tráfico de internet en el país pase por un órgano regulador encargado de supervisar la actividad en línea antes de que llegue a los usuarios.
La ley recoge, así, que se podrá bloquear y desconectar todas las conexiones a la red que afecten a la seguridad, los ingresos nacionales, el orden social, la dignidad, la cultura, la tradición y las costumbres.
Ante esto, HRW denunció que los motivos de actuación son demasiado amplios y no están definidos, lo que puede permitir una aplicación arbitraria y abusiva de los poderes de bloqueo y desconexión.
Según el subdirector para Asia de Human Rights Watch, Phil Robertson, el primer ministro ha asestado un peligroso golpe a la libertad de internet y al comercio electrónico en Camboya al ampliar el control gubernamental sobre la red del país, por lo que las empresas tecnológicas, las de comercio electrónico y otros actores privados deben pedir urgentemente al Gobierno que revierta el decreto.
Para la organización, esta nueva ley puede tener un efecto escalofriante en las comunicaciones en línea y generar autocensura en línea entre las voces críticas y los medios de comunicación independientes que temen el acoso, las sanciones administrativas arbitrarias, o incluso la detención y el enjuiciamiento.
Además, el decreto plantea riesgos para la protección y la confidencialidad de los datos, al exigir a determinados operadores que retengan y compartan datos personales.
La iniciativa permite al Regulador de las Telecomunicaciones de Camboya imponer sanciones punitivas y desproporcionadas si no se cumplen los requisitos.
HRW también dijo que el Gobierno camboyano ya ha aprobado otras leyes represivas que permiten a las autoridades controlar las tecnologías de la información y la comunicación, contraviniendo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que Camboya está adherido.