Se cumplen siete años del asesinato de Berta Cáceres, defensora lenca del medio ambiente, ocurrido el 3 de marzo de 2016, en Honduras.
Su familia exige que los autores intelectuales sean llevados a la justicia. Además, piden que se cancele la concesión para explotar el río Gualcarque, ubicado en el occidente de Honduras, y cuyos derechos los mantiene la familia Atala Zablah, quienes han sido señalados como autores intelectuales del asesinato de la activista indígena.
La organización COPINH y la familia Cáceres reiteraron que continúan en la lucha para que las personas involucradas en el asesinato de la defensora medioambiental sean enjuiciadas.
Expresaron que prevalece la impunidad en el caso, dado que aun cuando se han comprobado irregularidades y corrupción de la concesión sobre el río, así como la vinculación de la familia Atala Zablah y sus empleados, todavía mantienen los derechos de la concesión y los permisos por 50 años para explotarlo.
“Exigimos que sea cancelada esta concesión de manera responsable e inmediata”, externaron.
Un par de años después del asesinato de Berta, siete personas fueron detenidos, entre ellos figuró Douglas Bustill, exjefe de seguridad. El año pasado David Castillo, ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA) y coautor del asesinato de la defensora, fue sentenciado a 22 años de prisión.
Por tal motivo llamaron al gobierno de la presidenta Xiomara Castro, “para desmontar la impunidad de las mafias criminales que mantienen capturada a Honduras”.
Dijeron que para hacer justicia a Berta Cáceres se necesita el desmantelamiento del sistema extractivista de los recursos de las comunidades indígenas y campesinas en Honduras, principalmente en la zona norte del país, en el Aguán.
Memoria del conflicto del Río Gualcarque
El conflicto medioambiental comenzó en 2014, cuando la empresa hondureña Desarrollos Energéticos S. A. (DESA) (propiedad de la familia Atala Zablah, una de las élites políticas y empresariales más poderosas de aquel país, de origen palestino) en colaboración con otras empresas transnacionales como la costarricense Concreto Preesforzado de Centroamérica SA (Copreca), la alemana Voith Hydro Holding, la firma china Sinohydro, y con fondos otorgados por entidades financieras como el Banco Holandés de Desarrollo (FMO), Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial (FINNFUND) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), impulsaron un proyecto para construir la hidroeléctrica de Agua Zarca.
Esa construcción fue rechazada por la comunidad dado que se construiría sobre el Río Gualcarque, un espacio considerado sagrado en la cosmovisión del pueblo indígena lenca.
Berta, a través de la COPINH, impulsó la oposición de este proyecto y logró la salida de la firma china Sinohydro, además del retiro de los fondos del BCIE.
En el 2015 la activista recibió el Premio Medioambiental Goldman, por su activismo. Un año después fue asesinada, a pesar de que tenía medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a las amenazas que recibió.
En el 2019, se destapó la red de corrupción conocida como “Fraude sobre el Gualcarque”, en el que sobresalió la acusación a funcionarios y exfuncionarios de instituciones del gobierno que otorgaron permisos y licencias para el proyecto.