La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realizó la audiencia pública sobre el caso del asesinato de Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio Odizzio (‘Muchachas de abril’) y las desapariciones forzadas de Luis Eduardo González y Óscar Tassinoversus, en el marco de la dictadura cívica militar en Uruguay.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el 24 de mayo de 2020 el caso ante la Corte, sin embargo, en estos días se presentaron los alegatos finales y las observaciones orales del caso.
Caso Maidanik y otros Vs. Uruguay https://t.co/bua8TepwQI
— Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) June 17, 2021
Violaciones de DDHH durante la dictadura
El período de la dictadura duró 12 años, del 27 de junio de 1973 hasta el 1 de marzo de 1985, cuando vuelve la democracia y el poder lo asume el partido Colorado, a través de Julio María Sanguinetti.
Durante este período se dieron graves violaciones a derechos humanos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos a opositores al régimen. Según datos oficiales, reconocidos por la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de Presidencia de la República, en el período que va de 1968 a 1985 hay:
♦ 192 personas que fueron detenidas desaparecidas
♦ 13 niños y niñas fueron víctimas de desaparición, apropiación y restitución de identidad, por parte del Estado
♦ 31 cuerpos hallados en las costas uruguayas
Los casos
‘Las Muchachas de abril’ es el caso de Diana Maidanik, Silvia Reyes (estaba embarazada y era esposa de Washington Barrios) y Laura Raggio, de entre 19 y 21 años de edad, que fueron asesinadas en un operativo llevado por miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía, que perseguían a Washington Barrios, militante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLNT). Los hechos ocurrieron la madrugada del 21 de abril de 1974.
Por otro lado, el 13 de diciembre de 1974, dos miembros de las fuerzas conjuntas, vestidos de particular, junto con un grupo de soldados armados con metralletas, allanaron el domicilio de Luis Eduardo González, estudiante de medicina y militante del Partido Comunista y Revolucionario del Uruguay (PCRU). Luis, en compañía de su esposa Elena Zaffaroni Rocco que estaba embarazada, fueron detenidos, torturados y trasladados al Sexto Regimiento de Caballería dependiente de la División del Ejercito No 1. González fue visto por última vez en este recinto militar, el 24 de diciembre de 1974. Desde entonces se encuentra desaparecido.
Oscar Tassino Asteazu, dirigente sindical y militante del Partido Comunista del Uruguay, fue detenido el 19 de julio de 1977 por tres personas armadas vestidas de civil que se identificaron como integrantes de las Fuerzas Conjuntas. Al día siguiente, fue llevado a golpes y con el rostro cubierto a un establecimiento clandestino de reclusión, donde fue visto con signos de tortura. Desde ese momento se desconoce su paradero.
En la Corte: ‘Justicia y Derecho a la verdad’
El primer día de audiencia compareció Elena Zaffaroni Rocco, esposa de Luis González. En su comparecencia, Elena explicó los sucesos durante su detención, encarcelamiento y sobre la tortura a la que fue sometido Luis, por parte de las autoridades. Pidió a la Corte que presione al Estado para que entregue información sobre qué sucedió con las personas desaparecidas y sobre su paradero, ya que ahí radica la justicia principal. Dijo que se necesita ‘Justicia y Derecho a la verdad’, para saber el paradero de Luis, su esposo.
En el caso de ‘Las Muchachas de Abril’ permanece todavía impune, ya que no hay detenidos por la responsabilidad de estos asesinatos, por lo que Julissa Mantilla, vicepresidenta de la CIDH, hizo hincapié en que se debe de juzgar con perspectiva de género.
Han pasado 47 años de los sucesos y 36 años desde que se hizo la primera denuncia penal, sin tener ningún responsable acusado, denunció la representación legal de las víctimas.
La Corte dijo que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (conocida como ley de Caducidad) fue un obstáculo para la investigación de los delitos, ya que es una amnistía para los militares y las fuerzas de seguridad que fueron acusados de violar los derechos humanos a lo largo de la dictadura. Tal ley, sin embargo, implica ‘quedarse en el pasado’, por lo que resulta en la impunidad para las víctimas.