Este día el presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional a la asesora de la Casa Blanca para la Seguridad Nacional, Elizabeth Sherwood-Randall, reunión en la que también estuvo el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.
La asesora estadounidense arribó a las 10:50 de la mañana para tratar temas sobre tráfico de armas, droga, pero principalmente migración.
El tema principal durante la reunión fue el tema migratorio a propósito del final en Estados Unidos del Título 42, norma que ordenaba la expulsión de inmigrantes de ese país por la pandemia de COVID-19.
Por la mañana el titular del Ejecutivo Federal respondió al cuestionamiento de que el Gobierno de Estados Unidos enviará mil 500 elementos del Ejército a la frontera con México y dijo que esta decisión es parte de las facultades de ese gobierno norteamericano.
Y es que, según funcionarios del Gobierno estadounidense, el personal militar realizará el ingreso de datos, el apoyo al almacén y otras tareas administrativas para que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza pueda concentrarse en el trabajo de campo.
El encuentro entre el mandatario mexicano y la enviada especial de la Casa Blanca se da a una semana de que se levante la norma sanitaria de Estados Unidos conocida como Título 42, activada para frenar la pandemia y que permite bloquear a la inmensa mayoría de los migrantes en la frontera.
Acuerdos contra tráfico de fentanilo y armas
En reuniones durante el mes de marzo pasado, México y Estados Unidos acordaron acelerar las acciones para combatir el tráfico ilícito de precursores químicos, drogas sintéticas, como el fentanilo y de armas, mediante intercambio de información y nuevas estrategias.
México acordó que duplicará las supervisiones de contenedores con sustancias químicas, en los puertos marítimos, además de crear la Coordinación Nacional contra el Tráfico de Drogas Sintéticas y Armas de Fuego. Así como una Unidad Especial de la Fiscalía General de la República para investigar el tráfico de drogas sintéticas.
De manera coordinada, los dos gobiernos establecerán un protocolo contra el lavado de dinero. La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, junto con el Departamento del Tesoro, buscarán afectar las estructuras económicas de la delincuencia organizada, y bloquear sus cuentas en ambos países.