Pasaron 11 años para que autoridades de los tres órdenes de Gobierno ofrecieran una disculpa pública a las víctimas del acto terrorista más grande en la historia de México: el ataque al Casino Royale de Monterrey, Nuevo León, que cobró la vida de 52 personas el 25 de agosto de 2011, durante la administración de Felipe Calderón.
En un acto al que asistieron familiares de las víctimas, se reconoció que las autoridades de aquel entonces, desde la Presidencia de la República, hasta el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina y el alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal, fallaron en su responsabilidad de cuidar a la gente.
“El acto cometido hace más de una década se trata sin lugar a dudas de un acto de terror cometido por criminales contra población civil indefensa donde el estado mexicano en su conjunto no fue capaz de garantizar las condiciones de seguridad, integridad y protección que corresponde a todas las autoridades en el país”, aseveró Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Gobernación.
Ese trágico día, sujetos armados llegaron en caravana a las afueras del Casino, rociaron el interior con gasolina y le prendieron fuego sin importarles la gente que ahí se encontraba.
En segundos, el lugar se convirtió en un infierno. Entre los muertos hubo dos mujeres embarazadas, de hecho, del total de las 52 víctimas, 42 fueron mujeres.
La palabra necesaria que se repitió este miércoles una y otra vez fue: perdón.
El Estado mexicano, a través de la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el gobierno del estado de Nuevo León y el ayuntamiento de Monterrey, ofreció la disculpa pública.
“El Gobierno les debe perdón mil veces, perdón porque no se investigó para saber la verdad y miraron hacia otro lado, porque no se siguió a los culpables y los dejaron libres, perdón porque no se les dio la cara a ustedes, porque se les escondieron”, dijo Luis Donaldo Colosio Riojas, actual alcalde de Monterrey.
Se trató de un acto criminal a gran escala de los autores materiales, vinculados a la organización criminal de los Zetas, así como a los propietarios del Casino.
Samara Pérez Muñiz, sobreviviente del acontecimiento, denunció que el propietario del predio donde se ubicaba el Casino Royale, identificado como Carlos Alejandro Salinas, les ha echado abajo el memorial para las víctimas.
“Esta es la quinta ocasión que la persona que se ostenta como propietario del lugar y destruye el memorial que las familias con su esfuerzo”, aseguró Samara Pérez Muñiz.
La sobreviviente agregó que esta disculpa no se dio antes porque era un tema político y recordó que las personas que perpetraron estos terribles hechos no están sentenciadas en su totalidad y muchas de ellas tienen amparos.
Para garantizar la no repetición de hechos criminales como este, el Gobierno de México tomó la decisión de cancelar los permisos a las casas de juegos y sorteos hasta que no se haga una revisión integral de los que fueron otorgados de manera indebida por autoridades corruptas.
Por su parte, la titular de la CEAV, Yuriria Rodríguez Estrada, dijo que esta disculpa pública concilia al Estado con las víctimas, sus familias y hace fehaciente la necesidad de confrontar los retos en la búsqueda de la justicia, igualdad y seguridad.
En cumplimiento a la Recomendación 66/2012 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Estado mexicano se comprometió a continuar trabajando para garantizar la reparación integral del daño y atender las omisiones e irregularidades en que incurrieron diferentes autoridades durante el tiempo de operación del Casino Royale, en particular en los temas de seguridad y legalidad.
Con esta disculpa se busca preservar la memoria de quienes perdieron la vida en aquel acontecimiento, pero también reafirmar el deber del Estado de hacer efectiva la protección y defensa de los derechos humanos.