La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, ante la negativa de aceptar una propuesta de conciliación para resarcir los derechos de una víctima profesora de inglés que, en mayo del 2018, denunció acoso sexual por parte de dos elementos navales, estudiantes del Centro de Estudios Superiores Navales en Ciudad de México.
La víctima solicitó medidas precautorias a la Semar, sin que estas le fueran otorgadas y, posteriormente, fue agredida sexualmente por uno de los marinos alumnos del CESN.
Ocurridos los hechos, la víctima pidió ayuda a las áreas que supuestamente deberían auxiliarla; no obstante, diversas personas servidoras públicas de la Semar ejercieron violencia institucional en su contra, toda vez que no garantizaron su derecho a una vida libre de violencia en su trabajo.
De acuerdo con la CNDH, tampoco se respetó su derecho humano a la privacidad y a la protección de datos personales.
“Las autoridades responsables no brindaron la atención oportuna ni dictaron las medidas precautorias para protegerla en su área de trabajo cuando denunció la violencia verbal y en redes sociales por parte del elemento naval que era su alumno, ni después de que sufriera la agresión sexual”, señala el texto.
Además, que personal de la Semar omitió orientar a la víctima e iniciar una queja al interior de la institución para sancionar al infractor, independientemente de la denuncia correspondiente ante el ministerio público por el delito de violación.
Tras acreditar la violación a los derechos humanos de la víctima, CNDH pidió al titular de la Semar investigar y responsabilizar a las personas servidoras públicas que omitieron garantizar el derecho a una vida libre de violencia en el trabajo y proteger, y resguardar los datos personales de la víctima.
Asimismo, solicitó investigar y perseguir, por la autoridad correspondiente, la probable responsabilidad del agente naval por sus conductas hacia la víctima, quien, además de inscribir a la profesora en el registro nacional de víctimas, a fin de que se le repare íntegramente el daño, así como brindarle atención médica y psicológica.