La Coordinadora de Organizaciones y Pueblos Indígenas de México (Copim) solicitó a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, y a los integrantes de la próxima Legislatura Federal, crear la Secretaria de los Pueblos Indígenas para atender de manera adecuada las necesidades de este sector social.
“De manera unánime en todos los encuentros nacionales, los asistentes propusieron elevar el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) a rango de una Secretaría de Estado en la Administración Pública federal, considerando el tamaño de nuestra población y la necesidad de implementar más y mejoras políticas públicas para los pueblos indígenas de México”, señaló Liliana Vianey Vargas, integrante de la Alianza de Mujeres Indígenas.
En conferencia de prensa, pidieron incrementar el presupuesto destinado al actual Instituto de los Pueblos Indígenas (INPI) y que la designación de su titular, así como los demás funcionarios vinculados a atender las necesidades de este sector social, emanen desde los propios pueblos originarios.
“Una de las grandes inconformidades entre las comunidades y pueblos indígenas, es la falta de diálogo con las y los funcionarios indígenas federales, “consideramos que necesitamos servidores públicos indígenas con empatía y con capacidad de griego, para tener una oportunidad para lograr una coordinación efectiva entre las instituciones y los pueblos indígenas”, expresó Liliana Vianey.
Además, indicaron que resulta necesario enriquecer la Reforma Indígena que fue presentada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero, y misma que podría ser aprobada por el Congreso Federal.
Fue Carlos de Jesús Alejandro, Coordinador General de la Asamblea Nacional Indígena (ANI), quien resaltó que esta iniciativa no responde de manera completa a las necesidades de los pueblos originarios.
“No la consideramos completa, la consideramos mutilada, incompleta”, dijo.
El mismo representante de la Asamblea Indígena, indicó que la Reforma planteada no permite la representación política de los pueblos originarios, tampoco permite, dijo, la autonomía en la toma de decisiones; además, señaló que olvida el derecho a la tierra y su explotación para beneficiar a las comunidades indígenas.
“En esta Reforma, que fue cambiada, también se reconocían derechos específicos de las mujeres de los jóvenes, de la niñez, de los jornaleros agrícolas o de los migrantes, entonces estos son los pendientes, los faltantes que no están”, aseguró Carlos de Jesús Alejandro.
Al mismo tiempo resaltó que la Iniciativa busca englobar todas estas exigencias en la modificación del Artículo Segundo de la Constitución para reconocer a los pueblos originarios como sujetos de derecho público, pero aclaró que esto no engloba los derechos negados.
Por ello, resaltó que los legisladores del próximo el Congreso Federal se encuentran obligados a realizar una Consulta Indígena para subsanar estas carencias.
“El Congreso está obligado a consultarnos y creo que ahí podemos enmendar y podemos incorporar otros derechos sustanciales. Creo que, si podemos construir con el Congreso de la Unión, los pueblos, las organizaciones, las autoridades indígenas una propuesta que se acerque más a nuestras aspiraciones”, concluyó.