Las elecciones federales del año 2000 fueron las primeras de nuestra historia en las cuales el órgano electoral encargado de organizar los comicios dejó de estar en manos del gobierno, para pasar a manos de los consejeros electorales designados por los partidos políticos.
Un cambio al cual muchos le llamaron la ciudadanización del IFE, y con el cual muchos pensaron que se garantizarían elecciones transparentes y limpias.
Pero la historia muy pronto dejaría en claro que no sería así y que los fraudes podrían ser tan grandes con consejeros designados por los partidos políticos, como los que hubo cuando los organizó el gobierno.
La elección de ese 2000 fueron los primeros comicios organizados por consejeros partidistas que permitieron que llegara a la Presidencia de la República a un candidato surgido del “fraude electoral” no sancionado: el panista Vicente Fox.
Pero también, que otros actores de esas elecciones quedaran impunes, a pesar de todas las irregularidades cometidas en ese proceso, como el entonces candidato presidencial priísta, Francisco Labastida Ochoa.
Dos personajes, Fox y Labastida, que evidentemente no actuaron solos, pues estuvieron acompañados por los integrantes de sus respectivos equipos de campaña; impunes al final todos ellos.
A Fox lo acompañaron en su campaña Marta Sahagún, su vocera y después esposa, quien hizo múltiples negocios familiares desde Los Pinos.
El empresario Carlos Rojas Magnon, coordinador de Administración y Finanzas de campaña.
Los operadores financieros Lino Korrodi, quien recaudó miles de millones de pesos de empresas mexicanas y extranjeras a través de la asociación civil “Amigos de Fox”, y Carlota Robinson, una mujer fantasma que ayudó en la tarea de “pasar la charola a empresarios”.
Carlota era “La dama de los millones“, como la llamó la revista Proceso y de quien existen escasas imágenes en Internet.
Y el presidente nacional del PAN durante la elección de 2000: Luis Felipe Bravo Mena.
En el PRI, Guillermo Ruiz de Teresa, acompañó al candidato Francisco Labastida, como su secretario particular.
Emilio Gamboa Patrón, quien estuvo a cargo de la coordinación y evaluación política de la campaña.
Y Dulce María Sauri Riancho, presidenta nacional del PRI.
Fue tan grande la euforia de que el PRI perdiera por primera vez la Presidencia de la República, y de que por primera vez hubiera alternancia, que casi todos cerraron los ojos a los “grandes fraudes” que se registraron en ese proceso electoral, proceso organizado, hay que reiterarlo, por consejeros partidistas, no ciudadanos.
Un “fraude” que llevó a la Presidencia de la República a Vicente Fox Quezada y que dejó impune a su principal contendiente, el priísta Francisco Labastida.
Porque tanto uno como otro fueron las cabezas de dos respectivos operativos electorales que violaron todas las leyes de la contienda: “Los amigos de Fox” y el “Pemex gate”.
Dos operativos que de ser atendidos por los consejeros electorales en el momento oportuno, le hubiesen quitado a Vicente Fox la Presidencia de la República, y metido a la cárcel a Francisco Labastida.
“Esa campaña de Vicente Fox fue financiada con recursos de empresarios, ‘Amigos de Fox’ en aquella época decíamos en el IFE, cuando existía el IFE, decíamos que era un esquema de financiamiento paralelo; paralelo, al financiamiento público”, dijo Jaime Cárdenas Gracia, exconsejero electoral.
¿En qué consistió el fraude denominado los “Amigos de Fox”?
Se trató de un impresionante operativo de ingeniería financiera para recaudar fondos entre empresarios y corporativos de México y el extranjero, y destinarlos a la compra de espacios publicitarios, al pago de activistas electorales, al pago de funcionarios de campaña, a la renta de camiones, impresión de propaganda y publicidad, a empresas de radio, prensa y televisión, comentaristas, articulistas y periodistas, entre muchos otros rubros.
Todo sin repórtalo al IFE.
¿Cuánto dinero recibió la campaña de Vicente Fox por la vía de este operativo organizado por el empresario Lino Korrodi? Difícil saberlo con exactitud, pero Lino Korrodi reconoce que fueron cientos de millones de pesos. Algunas fuentes mencionan que “Amigos de Fox” recaudó más de mil millones de pesos.
El tope de gastos de campaña en la elección presidencial de 2000 fue de casi 492 millones de pesos. Pero el dinero con el que Fox ganó, de haberse aplicado la ley, hubiera sido motivo suficiente para que no se le adjudicara la presidencia.
Mientras que el “Pemex gate” implicó una triangulación de recursos del sindicato petrolero hacia la campaña de Labastida Ochoa, por 500 millones de pesos.
El tesorero de ese gremio y quien firmó los cheques fue el entonces senador del PRI, Ricardo Aldana, hoy flamante dirigente del sindicato petrolero, que en 2000 dirigía Carlos Romero Deschamps.
De ese tamaño fue lo que no vieron los consejeros electorales partidistas propuestos por el PRI y por el PAN en el Consejo del IFE de aquel entonces.
Años después, argumentarían que la Comisión Nacional Bancaria y de valores se escudó en el secreto bancario para no proporcionar información y la Secretaría de Hacienda, tanto de Ernesto Zedillo como de Vicente Fox, antepusieron la secrecía del Código Fiscal para cerrar sus archivos.
La realidad es que los consejeros designados por el PRI y por el PAN no hicieron nada que implicara sancionar a Vicente Fox y a los panistas, ni a Labastida y los priístas.
¿Quiénes integraban el consejo electoral del IFE en el año 2000?
José Woldenberg, designado como consejero Presidente, Mauricio Merino y Jaqueline Peschard, quienes fueron propuestos por el PRI.
El PAN propuso a Alonso Lujambio y Juan Molinar Horcasitas. Dos supuestos consejeros ciudadanos que terminarían siendo funcionarios en el gobierno de Felipe Calderón.
Las únicas protestas a la elección de 2000 surgieron de los consejeros designados por el PRD, como Jaime Cárdenas, José Barragán, y Emilio Zebadua. Éste último, años después se incorporaría al equipo de Rosario Robles en el sexenio de Enrique Peña y terminaría implicado en el caso de la “estafa maestra”.
El otro consejero electoral fue Jesús Cantú, propuesto por el PT, quien se abstuvo de votar en contra de sancionar las campañas de Fox y de Labastida.
Fue hasta el año 2003, a la mitad del sexenio de Vicente Fox que el Tribunal Federal Electoral dejó firmes las sanciones al PAN por 497 millones de pesos y al PRI por mil millones de pesos.
Pero la elección presidencial quedó firme e impune, pues a pesar de que quedó demostrado que Fox había violado la ley y hecho fraude, ya era tarde para quitarle la presidencia.
Nadie pisó tampoco la cárcel por los múltiples delitos electorales de la elección federal de 2000. A todos, priístas y panistas, los salvaron los consejeros electorales designados por el PRI y el PAN.