En mayo de 2014, la ONU concluyó que la tortura en México era generalizada y ocurría desde la detención de las personas hasta su puesta a disposición de la justicia.
El “tehuacanazo“, una práctica extrajudicial para arrancar confesiones a modo, ilustra el glosario de abusos cometidos por las corporaciones policiacas.
Evitar este tipo de situaciones es una de los objetivos del decreto de política carcelaria, anunciado hoy por el Presidente de la República, enmarcado en el modelo de justicia transicional.
En beneficio de mujeres encarceladas por practicar abortos, reos en situación de pobreza extrema o pertenecer comunidades indígenas y que no hayan cometido delitos graves, ahora se introduce el factor humanitario por edad y reparación de daño.
Expertos en el marco jurídico, consideraron positiva la propuesta del Ejecutivo Federal.
Efectivamente las cárceles, como lo dijo la secretaria de Gobernación, están saturadas y en ningún sentido es útil para nadie ni para el sistema y mucho menos para las personas con ciertas características como edad o enfermedad, 10 años esperando sentencia, estén allí privado de tu libertad, eso es cierto, el problema existe”, mencionó Luis Enrique Pereda, doctor en Derecho por el ITAM.
Se estima que en nuestro país, 43% de los reclusos están a la espera de una sentencia, con procesos penales que se han alargado 10 años o más.
El decreto busca agilizar estos procesos.
Establece que la prisión preventiva es injustificada, es decir que una persona inocente, porque todavía no se ha decretado una sentencia condenatoria en su contra, pueda permanecer en prisión”, mencionó Jorge García Meléndez, doctor en Derecho por la UNAM.
Quedarían excluidos quienes hayan cometido delitos graves como secuestro, trata de personas o delincuencia organizada.
En Latinoamérica, sólo Guatemala y Colombia han adoptado modelos de justicia transicional, con la finalidad no repetir violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
El decreto anunciado por el Presidente López Obrador, armoniza las facultades del Poder Ejecutivo y Judicial, con lo que serán los jueces quienes aprueben la eventual liberación de los reclusos.
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