A fin de combatir delitos como extorsión y secuestro, la Cámara de Diputados analiza tres iniciativas para crear un registro nacional de usuarios de telefonía móvil, donde se pretende incorporar los datos biométricos.
Víctor Manuel Pérez Díaz, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, se pronunció por la regulación de la compra de tarjetas sim de prepago, para conocer quiénes son los dueños de las líneas telefónicas y reducir su uso en actos delictivos.
Claro que hay realidades como es el delito del secuestro y del robo, nosotros lo que tratamos de implementar es el marco jurídico que cuide la integridad física y que cuide la integridad patrimonial de todos los ciudadanos en el país”.
Especialistas en telecomunicaciones advirtieron del riesgo de crear un registro de este tipo, ya que vulneraría el derecho a la privacidad, y se ha comprobado, dijeron, que no ayuda a disminuir los delitos.
No se deben recolectar ni construir bases de datos que no sean necesarias ni proporcionales. Esta medida no es necesaria ni proporcional. Insisto, no contribuye a ningún fin legítimo y no contribuye de manera sustantiva a combatir el delito de extorsión ni ningún otro delito”, Luis Fernando García, director de red en defensa de los derechos digitales.
En el mismo sentido se pronunció la diputada de Morena, Juanita Guerra Mena, quien dijo que se deben tomar en cuenta estos puntos a la hora de discutir y aprobar la iniciativa.
Es necesario la regulación, el control de una manera adecuada, pero también coincido en que deben de respetarse los datos personales”, Guerra Mena.
Gabriel Székely, director general de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, dijo que la creación de un registro biométrico, como el que proponen las iniciativas, costaría 21 mil millones de pesos, muy elevado para un objetivo que no tiene sentido.
Señores ya existe la colaboración en áreas críticas para el combate a los delitos, como lo he mencionado, el registro implicaría una serie de gastos, al sector público en especial, también a las empresas y a los usuarios, que no llevaría a resultados por múltiples razones”, Gabriel Székely.
Daniel Bernal, director de regulación de América Móvil, recordó que en 2009 se hizo un registro nacional de usuarios de telefonía móvil, pero desapareció dos años después, mediante una reforma aprobada por el Congreso.
Se reconoció de una forma absolutamente clara que no ha rendido frutos en la prevención, investigación y persecución de delitos como el secuestro y la extorsión”, puntualizó Bernal.