La Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad de 476 votos, reformar el artículo 15 Octavus de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), en materia de eliminación de mecanismos de exclusión hacia personas jóvenes.
El dictamen, que se remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales, adiciona la frase “personas jóvenes” a dicho artículo, con el objeto de que se tomen en cuenta en el diseño implementación y evaluación de los programas, políticas públicas y acciones que realicen los Poderes públicos federales.
Al fundamentar el dictamen, la diputada Krishna Karina Romero Velázquez (PAN) dijo que con este cambio se incluye a la juventud como beneficiaria de las medidas orientadas a eliminar o reducir las desigualdades de género, socioculturales y económicas.
La diputada del PAN puntualizó que, a pesar de sus cualidades, este sector carece de oportunidades para desarrollar y explotar sus aptitudes en los ámbitos educativo, laboral y político, además, hoy, 2.8 millones de niños, niñas adolescentes y jóvenes de entre tres y 15 años no asisten a la escuela ni cuentan con educación básica.
En el ámbito político, continuó, la exclusión también está presente, no obstante que son pieza clave de la democracia y que representan casi 30 % del listado nominal; la juventud está subrepresentada en los cargos políticos tanto a nivel federal, estatal y municipal, dijo.
Romero Velázquez reconoció los esfuerzos que se han hecho por incluir a quienes no estudian ni trabajan en el ámbito laboral; sin embargo, añadió, uno de cada cuatro jóvenes de 18 a 24 años continúa sin oportunidades de educación y empleo.
“Las y los jóvenes somos agentes de cambio, no queremos que se nos regale nada, sólo exigimos lo que por derecho nos corresponde, queremos ser parte de las soluciones, no solo de los problemas”.
¿Qué dice el Artículo 15 Octavus?
Las acciones afirmativas podrán incluir, entre otras, las medidas para favorecer el acceso, permanencia y promoción de personas pertenecientes a grupos en situación de discriminación y subrepresentados, en espacios educativos, laborales y cargos de elección popular a través del establecimiento de porcentajes o cuotas.
Las acciones afirmativas serán prioritariamente aplicables hacia personas pertenecientes a los pueblos indígenas, afro descendientes, mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores.
¿Qué Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación nos rige en la actualidad?
La actual Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación data del 11 de junio de 2003, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El origen de esta ley se remonta al movimiento antidiscriminatorio y a favor de la igualdad que se formó en 2001, es decir, la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación integrada por 160 comisionados, quienes elaboraron un diagnóstico en esta materia, así como un anteproyecto de ley.
Desde junio de 2003, México cuenta con una legislación reglamentaria federal cuyo objeto es: prevenir y eliminar todas las formas de discriminación ejercidas contra cualquier persona en los términos del Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y promover la igualdad de oportunidades y trato.
Así, una de las obligaciones del Estado mexicano es respetar y garantizar los derechos humanos sin discriminación alguna.
Fundamentalmente, su importancia radica en el hecho de ser un instrumento jurídico de primer nivel para lograr una “democracia de contenidos”, es decir, que no sólo se presente en las formas electorales, sino que provoque también sentidos de convivencia apropiados para una sociedad donde todos sus habitantes sean considerados y tratados como iguales.
En México existen:
- 31 leyes antidiscriminatorias;
- 26 cláusulas antidiscriminatorias, en constituciones locales;
- 28 entidades federativas con códigos penales o alguna otra legislación donde se tipifican conductas relacionadas con la discriminación.