La farsa de la “Verdad Histórica” sobre Ayotzinapa no ha sido la única gran mentira en los tiempos recientes de nuestro país con Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se recurrió a infinidad de mentiras para ocultar la verdad de diversos crímenes de estado.
Aguas Blancas, el Charco, el Bosque, Tlatlaya, Atenco, Acteal, son algunos ejemplos de los montajes de gobiernos pasados para encubrir crímenes, para dar impunidad a los responsables o para ocultar la negligencia del gobierno en turno. Todo bajo el amparo de una política de represión y sangre ordenada por mandos civiles.
Esta es una de esas, las otras mentiras históricas.
Masacre de El Charco, Ayutla de los libres, Guerrero. 7 de junio de 1998.
“Un enfrentamiento armado entre guerrilleros del ultraizquierdista ejército popular revolucionario y el ejército mexicano dejó 11 muertos”.
Esa fue la mentira histórica que se difundió y que incluso la prensa internacional replicó.
Según el informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Ejército había pedido a los guerrilleros que dejaran de disparar y entregaran las armas, pero “no quisieron”.
Ernesto Zedillo era el entonces presidente de México y Ángel Aguirre Rivero, el gobernador interino de Guerrero en sustitución de Rubén Figueroa. Y el mismo que en 2014, ya como gobernador constitucional de Guerrero tuvo que dejar el cargo tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La verdad es que 70 indígenas Na Savi, que se encontraban durmiendo en la Escuela Primaria Caritino Maldonado, tras participar en una asamblea para tratar asuntos de sus comunidades, fueron rafagueados por fuerzas militares. El ataque dejó 11 inocentes muertos y 25 detenidos.
“Entonces el ejército decide rodear la escuela porque ellos suponen que son guerrilleros, que son narcotraficantes, que son delincuentes y tenían esas órdenes. Eso fue en 1998, todavía estaba Zedillo y entonces de esa masacre sobreviven nada más once”, señaló la activista y analista política Patricia Barba.
Testimonios de sobrevivientes recopilados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos echó por los suelos la mentira histórica.
En realidad, el ejército irrumpió en la escuela disparando y lanzando granadas contra los indígenas que ahí descansaban.
Dos de los sobrevivientes fueron capturados y torturados. Érika Zamora y Efrén Cortés. La masacre de El Charco se relaciona con la masacre de Aguas Blancas, ocurrida tres años atrás, señala la analista política patricia barba.
“Los llevan a la novena región y los torturan durante dos días los militares. Érika Zamora no soportó las torturas brutales y la hacen incriminar a Rocío Mesino y a Ranferi Hernández Acevedo que siguieron perseguidos por un Estado represor brutal entonces fíjate cómo se conectan estas dos masacres. Y ya entonces estaba Ángel Aguirre Rivero como te digo entró a sustituir a Figueroa, pero subsistió el mismo método de asignar confesiones a gente inocente tortura”, agregó Patricia Barba.
Dos días después de la masacre, fue cuando a la prensa y a defensores de Derechos Humanos se le permitió la entrada al lugar de los hechos. Tiempo suficiente para borrar las evidencias, señalan testigos.
Guerrero, una vez más Guerrero que ha sido epicentro de los crímenes de Estado. Y tiene que ver con la “Operación Cóndor” como parte de la Guerra Sucia emprendida por Luis Echeverría, explican analistas.
“Se enfocó en estados claves como Guerrero porque has de saber que Guerrero es un estado muy rico, tiene minas de oro y ahí están metidos muchos cárteles y además empresas transnacionales, siempre les han estorbado comunidades y estudiantes muy concientizados, muy politizados y han asesinado y desaparecido a muchos líderes sociales”, añadió Patricia Barba.
Las masacres cometidas por el estado en sexenios pasados se explican por la instauración de un “narco estado policiaco militar” que explota y despoja de riquezas a su población”, explican defensores de derechos humanos.
“En lugar de detenidos, había muertos, o sea el mejor delincuente era el delincuente muerto y todo se traducía desde este discurso que se promovía en los medios de comunicación para que con ello se creyera que en la lucha contra la delincuencia pues no habría que permitir los derechos humanos”, puntualizó Adrián Ramírez, presidenta de la Liga Mexica por la defensa de los Derechos Humanos.
El operativo de El Charco estuvo bajo el mando del general Juan Alfredo Oropeza, quien encabezaba la Operación Azteca contra grupos de insurgencia en Guerrero. Era parte de la política que buscaba aniquilar a como diera lugar a protestas y líderes sociales.
“El Charco, pues también hay elementos del ejército, incluso Vega Memije es quien después, dentro de la fiscalía que como procurador general de la República estando Marcial Macedo de la Concha, que fue el procurador de justicia militar cuando la masacre del Charco, él junto con Vega Memije son los que desafueran a Andrés Manuel López Obrador ya estando en la PGR”, comentó Adrián Ramírez.
Política criminal que terminó en 2018 cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de México.
“Lo cierto es que los militares son muy disciplinados y esa misma disciplina fue la que aprovecharon Calderón, Zedillo, y toda esa gente porque los soldados te obedecen y obedecen a su comandante supremo pero en este sexenio se les han indicado de manera muy clara que no se debe violar ningún derecho humano”, comentó Patricia Barba.
En 2018, la Comisión Interamericana declaró que la masacre ocurrió en un contexto de militarización con responsabilidad de agentes militares en las muertes y detenciones ilegales con visos de violaciones a derechos humanos. Sin embargo, los agravios no se han investigado.
Hoy sabemos que los indígenas masacrados en El Charco no eran un grupo armado. Eran 10 campesinos y un estudiante de la UNAM que se organizaban para iniciar la siembra de café y aguacate.
El Charco fue una página negra más en el gobierno de Ernesto Zedillo, quien dejó en la impunidad absoluta a todos los responsables.