Dos de los hechos que han quedado marcados en la historia negra de la política en nuestro país y que puso en el ojo del huracán a los consejeros electorales, fueron las elecciones de 2006 y 2012 por la Presidencia de la República.
Elecciones en 2006
La “guerra sucia” de Calderón fue la primera, en el 2006, recordada por muchos ciudadanos como una de las más controversiales y llena de irregularidades.
Todo con el aval de los consejeros designados por los partidos políticos, y que en aquellos años tuvo a Luis Carlos Ugalde como presidente, quien permitió que esos comicios se vieran manchados de muy diferentes formas.
El candidato del PAN, Felipe Calderón, sería declarado ganador de la elección por el mismo Luis Carlos Ugalde, tras días de incertidumbre y denuncias de corrupción, fraude e irregularidades, con una mínima diferencia de 0.56%, sobre Andrés Manuel López Obrador.
“Por lo tanto el candidato que obtuvo el mayor porcentaje de la votación presidencial es Felipe Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional, señoras y señores, la regla de oro de la democracia establece que gana el candidato que tenga más votos”, dijo Luis Carlos Ugalde, exconsejero Presidente del IFE.
Lo que no dijo Ugalde es que esos comicios estuvieron llenos de votos dudosos, producto de múltiples irregularidades que de haberse sancionado habrían bastado para quitarle la presidencia a Calderón.
Para esa elección, PAN y PRI impondrían a sus consejeros electorales y excluirían al PRD.
Por el PRI estarían en el IFE Luisa Alejandra Latapí Renner, María Lourdes López Flores, Rodrigo Morales Manzanares, Arturo Sánchez, Virgilio Andrade Martínez y Luis Carlos Ugalde como presidente, impuesto por Elba Esther Gordillo.
Por el PAN, Andrés Albo Márquez, Marco Antonio Gómez Alcantar y María Teresa de Jesús González Luna Corvera.
Consejeros que nunca tomaron en cuenta todas las denuncias que hubo antes, durante y después de la elección, tales como:
Triangulación de recursos públicos en favor de la campaña de Calderón, robo de urnas, alteración de las actas, sustitución de funcionarios de casilla, una guerra publicitaria sucia, la intervención de gobernadores sin pudor alguno, ni la flagrante intervención del presidente Vicente Fox, quien confesaría haber utilizado alrededor de 600 millones de pesos del erario público para evitar que ganara Andrés Manuel López Obrador.
Prueba de ello fue la llamada telefónica hecha pública, en la que Elba Esther Gordillo le dice al gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, con burla y cinismo que “se le había pasado la mano metiendo votos en las urnas a favor de Calderón”.
Y es que en esa elección, Elba Esther Gordillo traicionó a su propio partido, el PRI, y movilizó toda la estructura del SNTE y su influencia política para que varios gobernadores del PRI operarán votos a favor de Calderón.
Pero Luis Carlos Ugalde no vio nada de eso.
Y el remate de todas esas irregularidades fue el conteo del Programa de Resultados Preliminares (PREP), donde los consejeros electorales con la venia del PAN culminaron el “fraude” electoral.
Al cierre del PREP se registraba que la participación ciudadana en la elección había sido del 59%, es decir alrededor de 42 millones de votos, pero la suma de todos los votos incluidos los nulos arrojaba un total de 39 millones, es decir, se presentaba una situación de tres millones de votos inciertos.
Más de tres millones de votos habían sido inyectados a este sistema para favorecer a Felipe Calderón y así, darle la victoria.
Con la ayuda de Vicente Fox en el poder, Elba Esther Gordillo y un consejo electoral a modo y la orden directa de no dejar ganar a Andrés Manuel López Obrador, se cometió el “fraude” electoral más grande en la historia de nuestro país.
Un fraude electoral avalado por los consejeros electorales designados por los partidos PRI y PAN.
En la elección de 2012 la historia se repitió
La campaña presidencial de Peña Nieto hizo lujo de un derroche de recursos que pasaron de largo a los ojos de consejeros y magistrados, cómplices de una larga lista de delitos electorales.
En esa campaña el PRI gastó 4 mil 600 millones de pesos, de acuerdo con una investigación que realizó la Cámara de Diputados, 13 veces más que el tope de gastos permitido por la ley electoral, que en 2012 fue de 336 millones de pesos.
Esta es la historia y los personajes.
El IFE que organizó la elección federal de 2012 se repartió de la siguiente manera: tres consejeros electorales a propuesta del PRI, tres del PAN y tres del PRD, quienes fueron elegidos por la Cámara de Diputados en diferentes etapas.
El PRI propuso a Marco Antonio Baños, Francisco Javier Guerrero y Sergio García Ramírez.
El PAN a Benito Nacif Hernández, María Macarita Elizondo y Lorenzo Córdova Vianello, actual consejero presidente del INE que emprendió una campaña en defensa de la supuesta autonomía del organismo.
Los tres consejeros restantes fueron impulsados por el PRD: Alfredo Figueroa, María Marván Laborde y Leonardo Valdés Zurita, designado como consejero presidente.
Días antes del 1 de julio se presentaron una serie de quejas ante el INE por flagrantes irregularidades de la campaña de Peña Nieto.
La más grave fue la compra, a través de empresas fantasma, de miles de monederos electrónicos a Banamex, Soriana y la firma Monex, entre otras instituciones bancarias y comerciales, para distribuirlos a los ciudadanos a cambio de su voto.
En total se repartieron 26 tipos de tarjetas que implicaron un gasto de 2 mil 294 millones 290 mil pesos.
Para dimensionar la cifra, esto es 4.5 veces los recursos triangulados en el célebre “Pemex gate” hacia la campaña del priista Francisco Labastida en la elección de 2000, uno de los mayores delitos electorales en la historia de México.
Lorenzo Córdova desestimó así el uso ilegal de recursos en el caso Monex.
“Que los hechos denunciados no hubo ninguna violación a la normatividad electoral. Creo que este es el primero de una serie de casos que evidencian más allá del dicho público; que no hay una violación a la normatividad electoral por lo que hace al uso y destino de los recursos de los partidos políticos en este asunto”.
Por el caso Monex, el INE multó al PRI con apenas 78.9 millones de pesos.
En otras palabras, violar la ley de resultó a Pena Nieto una ganga, pues mantuvo la Presidencia de la República.
En junio del 2012, el periódico inglés The Guardian reveló una alianza entre la empresa Televisa y Peña Nieto para dar un tratamiento favorable a su campaña y desacreditar al mismo tiempo al candidato de izquierda, Andrés Manuel López Obrador.
Pero los partidos políticos tenían prohibido adquirir tiempo en radio y televisión. Y Peña fue tratado en campaña como un “rockstar”.
Los consejeros actuaron más como abogados de Peña que como autoridad electoral.
“En el caso de Televisa donde no contamos con ningún indicio realmente que nos muestre que en los contenidos editoriales en los cuales se presentó, se difundió esa información que se considera de interés público se hizo siguiendo siempre el criterio, el libre criterio editorial”, comentó Benito Nacif Hernández, consejero electoral.
Tampoco verían ni sancionarían las encuestas que daba todos los días Ciro Gómez Leyva en Milenio para repetir y repetir que Peña iba arriba en las preferencias.
Otra irregularidad que se destapó con el paso del tiempo fue la transferencia de 4 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a la campaña de Peña Nieto vía su coordinador internacional, Emilio Lozoya. Un caso por el que hoy en proceso judicial Emilio Lozoya.
Pero los consejeros y magistrados electorales hicieron caso omiso y avalaron el triunfo fraudulento de Peña Nieto.
La historia está ahí: los consejeros electorales designados por partidos no han sido ni demócratas, ni autónomos, y principalmente han respondido a los intereses de los partidos que los designaron.
Quizá por ello, estos partidos, PRI, PAN y PRD, se oponen hoy a la reforma electoral que busca que los consejeros sean electos por el voto de la gente.