Más de mil mujeres y organizaciones feministas publicaron una carta al Gobierno mexicano, en la que exigen un alto a la violencia por parte del Estado contra mujeres y menores que transitan y que buscan llegar hacia el norte del país.
La misiva, dirigida al Ejecutivo Federal, al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), fue traducida a múltiples idiomas: creole, inglés, francés, portugués y árabe.
En las últimas semanas se han suscitado acontecimientos de violencia en contra de las personas de diversas nacionalidades, principalmente, haitianas, venezolanas, hondureñas, nicaragüenses, cubanas, salvadoreñas y guatemaltecas, que buscan salir de Tapachula, Chiapas, para llegar a Estados Unidos y otras ciudades. Muchas de ellas tienen solicitudes de asilo.
Tras varios intentos agentes del INM en custodia con la Guardia Nacional (GN) han disuelto las caravanas a través de detenciones arbitrarias, deportaciones y separación de familias.
Ante dicho contexto, mujeres de diversas partes del mundo y colectivas firmaron una carta que fue publicada en las redes sociales del Instituto para las Mujeres en la Migración AC (IMUM).
Denuncian, en primer término, el ejercicio de la violencia en contra de las personas migrantes detenidas en la frontera sur mexicana. En concreto señalan la crisis en la que las principales víctimas son mujeres, niños y niñas solicitantes de asilo que “se encuentran más bien presas en centros de internamiento o cárceles para migrantes que se pagan con nuestros impuestos, lo mismo en Tapachula, que en Iztapalapa o Tijuana”.
La carta señala que los modelos de deportación privilegian la separación de familias en aeropuertos durante el tránsito de las rutas migratorias y en la frontera sur, “una forma concreta de violencia patriarcal”, calificaron. Además denuncian que se han registrado muertes sobre menores y jóvenes en centros de detención y bajo la tutela judicial de las autoridades mexicanas.
Este ejercicio recuerda las políticas impuestas en la era del Gobierno de Donald Trump, entre 2017 y 2021. Durante ese periodo más de 3 mil 900 niños fueron separados de sus familias y aislados en centros de detención, que las personas nombraban como “La Perrera”.
Las firmantes aseveran que estas violaciones son la continuidad de un sistema que contribuye a reforzar la impunidad y que devela la vulnerabilidad de estos grupos poblacionales en el país. Recalcan que la Ley de Migración actual y las prácticas violentas de las autoridades hacia las personas en condición de migración deben ser repudiadas.
La carta se emitió como un acto de protesta por las políticas migratorias que el Estado Mexicano ha implementado en función de los acuerdos políticos con Estados Unidos.
“Toda persona migrante debería ser protegida y no violentada por el gobierno mexicano y sus agentes”, apela la carta.
Ante esto, hacen un llamado a respetar los derechos humanos, que se protejan las vidas de todas las personas migrantes y terminar con todo tipo de expresión de violencia.