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FGJE confirma que restos hallados son de vocero yaqui Tomás Rojo Valencia

Las autoridades tradicionales del pueblo Potam de la Tribu Yaqui de Sonora manifestaron su inconfomidad por la desaparición del ingeniero Tomas Rojo Valencia Yoreme, integrante de la Nación Yaqui. Desparecido el pasado 27 de mayo del 2021 y exigieron su inmediata localización y presentación con vida.

Sin embargo el pasado 17 de junio fue localizado un cuerpo con algunas prendas que coincidían con las que portaba el defensor el día de su desaparición.

El día de ayer  (21 de junio 2021) el perito Salvador Samaniego, director de criminalística del laboratorio de la Fiscalía de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), anunció que la confronta genética de ADN entre el cuerpo localizado y la muestra de los familiares resultó positiva.

Tras cuatro días de pruebas, entre ellas una de ADN, la FGJE, confirmó que los restos hallados en una fosa el pasado 17 de junio, corresponden al vocero yaqui Tomás Rojo Valencia.

Queda plena y científicamente comprobado que se trata de la persona que fue reportada como desaparecida el pasado jueves 27 de mayo”, señaló el perito Salvador Samaniego Rubiano, director de Criminalística de la FGJE.  

Explicó que la identificación científica de la víctima, de 54 años, se llevó a cabo mediante una preidentificación ya que el mismo día del hallazgo se confirmó que la vestimenta del cuerpo localizado correspondía a la que fue descrita por sus familiares cuando denunciaron la desaparición.

Luego se hizo una prueba dactiloscópica y la confirmación de la comparativa de ADN con sus familiares, con resultados positivos.

Este crimen lo entienden en la Nación Yaqui como un atentado para callar su lucha que y no defiendan sus derechos.

Este crimen en contra de nuestro ser amado no es el único, hay muchos hermanos que han callado por temor a la represalia, por eso pedimos que pare esta hola de violencia y de intervención en nuestros pueblos yaquis que viven bajo la sombra del terror”, declaró su hermana en conferencia de prensa.

Apoyaron a los familiares de Tomas para que con el respaldo de la autoridad tradicional del pueblo Potam y junten los esfuerzos para la búsqueda de justicia.

“Todo Sonora y los hermanos de raza de los ocho pueblos yaquis exigimos que se haga justicia para mi hijo”, mencionó el padre del activista asesinado.

Su hija agradeció a los amigos de su padre, por unirse a su causa para exigir justicia y solicitarsela a las autoridades de todos los niveles.

Pedimos que inicien todos los esfuerzos para que Tomás y nuestro pueblo encontremos dignidad y justicia. Nosotros no queremos beneficios políticos o económicos bajo ninguna circunstancia. Lo que exigimos es que hagan valer nuestros derechos y que los responsables del gobierno de Mexico en todos sus ámbitos nos dejen vivir en paz y armonía”, mencionó la joven activista. 

Tomás Rojo Valencia fue un defensor de los derechos, del territorio y recursos naturales de la tribu Yaqui en el estado de Sonora. Desde hace nueve años la tribu ha luchado contra dos megaproyectos que afectan directamente a su comunidad.

El acueducto Independencia y gasoducto de Aguaprieta. El primero pretende desviar el agua del río Yaqui para abastecer a la capital sonorense.

Y el segundo fue un proyecto instalado sin hacer una consulta previa. Hasta el momento tiene una construcción de 90 kilómetros de tubería que atraviesa por los ocho pueblos y ha credo problemas ecológicos en la zona.

La familia explicó a las personas que pretenden desacreditar el trabajo de Tomás que su  “lucha es como la de muchas personas mas que exigen que pare la violencia contra la tribu Yaqui y en todo el estado de Sonora, ya que como indigenas yoremes estamos alzando la voz por en asedio de intereses políticos y económicos externos, que pretenden coartar nuestros derechos y opacar nuestra lucha ancestral en defensa de nuestro territorio, nuestra agua y nuestros recursos naturales”.

En los últimos dos años se han registrado 45 asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos según el registro de RedTDT. 

Los datos de la Asamblea General de Naciones Unidas apuntaron que hubo 1,323 de estos crimenes en América Latina, de los cuales 151 se cometieron en México.

Esta cifra deja al país en el tercer lugar con más homicidios contra los defensores del territorio y de derechos humanos, sólo después de Colombia (397) y Brasil (174).

La Relatora Especial remarcó que “muchos Gobiernos no cumplen su obligación deproteger a los defensores de los derechos humanos de los ataques y los asesinatos por parte de actores estatales y no estatales”. Por lo que la impunidad es uno de los principales factores ya que “los culpables de estos ataques a menudo escapan de todaresponsabilidad, lo que a hace más probable que esos asesinatos continúen”.

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