La Fiscalía General de la República (FGR) ya investiga los hechos ocurridos sobre el tramo carretero Villa Comaltitlán-Huixtla, Chiapas, donde seis migrantes perdieron la vida.
Además, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que dos militares fueron separados de sus funciones mientras la Fiscalía define su situación legal.
Sedena explicó que al ser un hecho donde resultaron afectados civiles, la FGR realizará las investigaciones y determinará las responsabilidades que correspondan, “sin perjuicio de que la Fiscalía General de Justicia Militar, realice las investigaciones respecto a la disciplina militar”, se lee en el informe.
El Ejército Mexicano detalló que alrededor de las 20:50 horas del martes, 1 de octubre, sus integrantes detectaron un vehículo tipo pick up que iba a alta velocidad, mismo que al ver al personal militar se evadió.
“A retaguardia de la pick up se desplazaban dos camionetas de redilas como las que usan grupos delincuenciales en esa región. Personal militar manifestó escuchar detonaciones, por lo que dos elementos accionaron su armamento, deteniendo su marcha una de las camionetas de redilas”, dice el comunicado.
Y al acercarse el personal militar identificó a 33 personas migrantes de nacionalidad egipcia, nepalí, cubana, hindú, pakistaní y árabe, de los cuales cuatro habían fallecido, 12 lesionados y 17 ilesos.
En el boletín informativo, precisaron que el personal militar les proporcionó los primeros auxilios a los heridos, trasladándolos inmediatamente en vehículo al Hospital General de Huixtla, donde desafortunadamente dos migrantes más perdieron la vida.
#Comunicado
— @SEDENAmx (@SEDENAmx) October 2, 2024
SEDENA informa sobre hechos ocurridos en Chiapas.https://t.co/C3KOnxmFRd pic.twitter.com/awYHHAxxQM
Los 17 migrantes que resultaron ilesos fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración.
Se estableció coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se mantenga en contacto con las embajadas correspondientes.
La Sedena refrendó su compromiso de actuar con estricto apego al estado de derecho, bajo una política de cero impunidad y está atenta a requerimientos por parte de las autoridades civiles para el esclarecimiento de los hechos.