La Fiscalía General de la República (FGR) solicitará al juez federal, José Rivas González, que se brinden medidas cautelares para los cuatro abogados (Juan Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández, Isaac Pérez Rodríguez y David Gómez Arnau) que han sido denunciados por el abogado Juan “C” por supuestamente pedirle hasta 2 millones de pesos para tramitar su salida de la cárcel.
La medidas cautelares, dijo, tendrían que estar vigentes mientras se define si los abogados son o no vinculados a proceso, así como, si se abre una investigación complementaria de cara a un juicio.
La audiencia que se realiza es parte de uno de los tres proceso que desde octubre de 2021 sigue la FGR por presenta corrupción, tráfico de influencias y asociación delictuosa.
La audiencia comenzó a las 11:00 de la mañana, en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Norte y será encabezada por el juez Rivas González.
Del lado de la fiscalía, han sido citados los agentes del Ministerio Público María Eugenia Castañón y Manuel Granados, quienes realizarán la imputación y la solicitud de medidas cautelares.
La defensa del abogado Juan “C” confía en que se den en apego a la justicia la audiencia de imputación, la resolución del juez de control contra los abogados cercano al Consejero Jurídica de la Presidencia de la República.
Al llegar a las instalaciones del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, el abogado Mauricio Flores adelantó que Juan “C”, exbogado de Enrique Peña Nieto, adelantó que su representado estará enlazado a la audiencia por videoconferencia.
Desde 2019, Juan “C” se encuentra en prisión preventiva en el Reclusorio Norte, luego de que fuera acusado por la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda. Esto en relación con la supuesta venta fraudulenta de un terreno por el cual obtuvo una ganancia ilícita de 24 millones de pesos.
Más tarde, en 2020, los fiscales imputaron a Juan “C” dos cargos más por posible fraude y defraudación fiscal, por los cuales también se le iniciaron los procesos correspondientes.