La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) encabezada por el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, aprobó por unanimidad solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no desaparecer la prisión preventiva y respetar la Constitución.
Las y los fiscales y procuradores generales de todo el país, consideraron que atender la condena a México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, implicaría la liberación de 60 mil presuntos responsables de delitos graves, poniendo en riesgo la integridad de sus probables víctimas.
Esto sucedió durante la asamblea plenaria del pasado fin de semana de las y los fiscales generales de justicia de los estados, que integran la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que se realiza en invitación a los medios de comunicación, a partir de la llegada de Gertz Manero a la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el evento, fiscales y procuradores determinaron que debe preservarse la soberanía nacional y la supremacía constitucional, en su aplicación puntual, ya que de lo contrario se mermaría la autonomía del Estado Mexicano, su seguridad y la justicia penal en el país.
Consideraron que resolver contra la Constitución, permitiría que alrededor de 60 mil personas sujetas a proceso, por delitos de:
- Feminicidio
- Homicidio
- Secuestro
- Delincuencia organizada y otros.
Salir en libertad, dejaría expuestos a graves riesgos a víctimas, testigos y servidores públicos, que intervienen en cada caso.
Fiscales y procuradores concluyeron que es indispensable, prioritario y obligatorio cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República, frente a los efectos nocivos de la liberación masiva de imputados.
Cabe recordar que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene pendiente pronunciarse sobre la condena a México por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el abuso con que se ha aplicado la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa y justificada durante los procesos penales.
Para la FGR, la SCJN, al pronunciarse respecto de la prisión preventiva oficiosa, debe tomar en cuenta que la Constitución es la Ley Suprema del país, por lo que debe prevalecer aún ante una sentencia del Tribunal Interamericano, puesto que su competencia deriva de la propia constitución, y no a la inversa.
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