Nacional

Gobierno de Michoacán solicita a la FGR reabrir el caso de “granadazo’’

Durante la ceremonia del Grito de la Independencia de 2008 en la capital Michoacán un grupo de delincuentes arrojó granadas de fragmentación a la población.

El Gobierno de Michoacán solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) la reapertura del caso donde se arrojaron granadas a las personas que celebraban el Día de la Independencia el 15 de septiembre de 2008 en Morelia, Michoacán.

Así lo expresó el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, en su cuenta de Twitter a dos días de que se cumplan 14 años de este violento incidente.

Solicitamos formalmente a la Fiscalía General de la República reabrir el caso de los ataques con granadas a la población civil en Michoacán el 15 de septiembre de 2008, a fin de conocer la verdad sobre lo ocurrido y hacer justicia a las víctimas. #HonestidadYTrabajo”, escribió en su cuenta de Twitter, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

La reapertura de la investigación de este caso tiene como objetivo solicitar la intervención de la Policía Judicial, recoger testimonios de las víctimas y obtener pruebas que permitan esclarecer el ataque perpetrado en la capital del estado, el cual fue calificado oficialmente como terrorismo.

¿Qué pasó el 15 de septiembre de 2008 en Morelia?

Durante la noche del 15 de septiembre hacia las 23:00 horas, se escuchó una explosión por detonación de granada justo en el momento en que Leonel Godoy, el entonces gobernador de Michoacán, estaba dando el Grito de Independencia frente al Palacio de Gobierno.

La sentencia final emitida por un Tribunal Colegiado Federal fue la absolución de cuatro sujetos que en su momento, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) acusó de pertenecer a Los Zetas, un grupo de delincuencia organizada. Posteriormente se descubrió que habían sido detenidos ilegalmente y habrían sido torturados para que se declararan culpables.

En 2015, las personas que sufrieron daños a su salud por este incidente violento interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) porque la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no había aceptado inscribirlos en el registro de víctimas.

Back to top button